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La Comisión examina la legalidad de las ayudas públicas a Astilleros por valor de 18.500 millones

La Comisión Europea ha abierto una investigación para esclarecer la legalidad de los créditos fiscales concedidos en 1997 y 1998 a Astilleros Españoles por valor de 18.451 millones de pesetas. Si Bruselas llega a la conclusión definitiva de que esos créditos constituyen ayudas públicas, Astilleros deberá devolverlos al erario público, poniéndose así seriamente en cuestión su supervivencia.Bruselas planteó sus dudas sobre estas ayudas en otoño pasado, tras examinar el informe habitual de seguimiento presentado por el Gobierno español sobre la aplicación del plan de reestructuración.

Los servicios del comisario de la Competencia, Karel van Miert, llegaron a la conclusión de que varias partidas de créditos fiscales que el Gobierno atribuía a ejercicios anteriores, fueron desembolsadas en realidad en 1997, por lo que ese año se superaron en 18.451 millones de pesetas las ayudas públicas autorizadas por Bruselas dentro del Plan de Reestructuración. Las dudas planteadas por Bruselas en este asunto se unen al tirón de orejas que recibió el Gobierno español en otoño por la mala evolución de las cuentas de Astilleros Españoles, que obligó al ministro de Industria, Josep Piqué, a anunciar la presentación de un nuevo plan de ajuste para intentar cumplir con la evolución pactada con Bruselas. Según ese plan, Astilleros debería entrar en beneficios a final de este año.

En sus alegaciones ante Bruselas, las autoridades españolas afirman que las deducciones fiscales especiales autorizadas formaban parte de un paquete global de ayudas de reestructuración y que las deducciones fiscales practicadas como consecuencia de la integración de los astilleros en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 1997, un hecho completamente ajeno a la reestructuración, no son sino una aplicación directa de la norma general aplicable en materia de consolidación fiscal.

La Comisión admite que "las deducciones fiscales otorgadas en virtud de normas generales de aplicación común en toda España no constituyen necesariamente ayuda estatal". Pero concluye que en este caso "ha dado como resultado que los astilleros reciban más ayuda financiera pública de lo previsto en el plan".

La Comisión Europea constata que, "habida cuenta de las pérdidas vaticinadas en 1998, de no haber sido por el efecto conjunto de las deducciones fiscales generales y especiales otorgadas en 1997 y 1998, la situación financiera de los astilleros, a 31 de diciembre de 1998, suscitaría serias dudas en cuanto a la posibilidad de que los mismos siguieran desarrollando su actividad el próximo año".

[La investigación de la Comisión coincide con la presentación de un informe del comisario de Fiscalidad y Mercado Único, Mario Monti, sobre el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y capitales, en el que se indica que los gastos dedicados a las ayudas del Estado son una de las principales causas de distorsión del mercado único.]

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de enero de 1999