El consejero rectifica al asegurar que nunca acusó a Maeso de drogadicto

El informe del Instituto Nacional de Toxicología que descarta que Juan Maeso consumiera drogas en los últimos dos meses ha obligado al consejero de Sanidad a rectificar sus palabras unas vez más. Joaquín Farnós insistió otra vez ayer en negar que hubiera acusado al facultativo de sufrir toxicomanía alguna: "En ningún momento le hemos imputado que sea drogadicto, ni mucho menos que sea responsable de algún delito". El máximo responsable de la sanidad valenciana se acoge a la literalidad de sus palabras, juega con la semántica, para enmendar sus afirmaciones: el consejero aseguró el pasado 15 de abril que Maeso había sido apartado del servicio, entre otras cosas, porque había reconocido "ser consumidor de opiáceos", es decir, dependendiente de varios estupefacientes comercializados en las farmacias y de alto poder adictivo. El examen toxicológico, que únicamente certifica que el anestesista imputado por el brote no consumió drogas durante las semanas anteriores a la prueba, forzó al consejero a desdecirse. El facultativo negó en su comparecencia ante el juez haber consumido cualquier tipo de sustancia estupefaciente, aunque su comparecencia ante los inspectores de la Administración no fue tan rotunda. Allí reconoció "haber consumido analgésicos opiáceos comercializados farmacológicamente para evitar el dolor intenso en graves accidentes que he tenido en varias ocasiones". Es decir, medicamentos compuestos por derivados de la morfina pero de venta controlada en farmacias. Por otra parte, el consejero mostró la total disposición de su departamento a atender a los inmigrantes ilegales que requieran, con carácter urgente, ser asistidos en la red sanitaria pública. Farnós salió así al paso de las acusaciones de siete ONG de la Comunidad Valenciana, que han elevado un informe a la Administración autonómica en el que denuncian que, por problemas burocráticos, cientos de inmigrantes no son atendidos en los hospitales dependientes de la Generalitat. "Si hay que estudiar una fórmula para mejorar lo haremos con mucho gusto, pero la estudiaremos en el campo administrativo, ya que en el sanitario no hay problema alguno". En sus declaraciones a la Cadena SER el consejero limitaba la denuncia de las ONG a los casos de inmigrantes que no son asistidos por carecer del permiso de residencia o el reconocimiento oficial del derecho de asilo, un trámite administrativo que, en la mayor parte de las ocasiones, no se completa sin meses de espera. Las ONG subrayan que esta medida de la consejería ha elevado de manera notable el número de inmigrantes con problemas de salud que acuden al servicio humanitario de Médicos del Mundo.