Vizcaya impone multas de 51 millones por las vallas publicitarias en carreteras

La Diputación de Vizcaya ha impuesto en los dos últimos años multas por valor de 51 millones de pesetas a causa de la instalación de vallas publicitarias junto a las carreteras, que están prohibidas desde 1993. La institución foral acusa a las empresas de publicidad de incumplir los acuerdos y revela que se han colocado sin permiso un centenar de vallas desde 1996. Las agencias han rechazado el último informe foral que sólo permite instalar anuncios en 34 carreteras urbanas.

"Todos los acuerdos a que se han llegado con las empresas de publicidad han sido incumplidos por éstas colocando nueva publicidad sin ningún tipo de autorización y en tramos no urbanos", señalan fuentes del departamento de Obras Públicas. La polémica ha rodeado este asunto desde que en 1993 la Diputación vizcaína prohibió, a través de una norma foral, la colocación de publicidad "fuera de los tramos urbanos en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera". Las reuniones se sucedieron a finales de 1993 y entonces, según la Diputación, hubo un compromiso "de las empresas de publicidad de retirar la publicidad colocada en tramos no urbanos", pero fue incumplido y se incoaron diez expedientes por un importe de un millón cada uno. A finales de 1995, tras nuevos contactos, se llegó a un compromiso de elaborar un estudio que delimitaría las carreteras con permiso para acoger vallas. "Las empresas de publicidad manifestaron su conformidad con dicha propuesta y se comprometieron a no colocar ninguna cartelera publicitaria más. Hay que hacer constar que las empresas, en distinto grado unas que otras, han incumplido el acuerdo de no colocar publicidad, habiéndose instalado la cantidad de 92 carteleras publicitarias desde la reunión del 10 de noviembre de 1995", afirman en Obras Públicas. Según los datos de la Diputación, en 1997 y 1998 se han impuesto multas por valor de 16 y 35 millones respectivamente, todas ellas centradas en tres agencias publicitarias. Estas cifras son sensiblemente superiores a los 8 millones en multas decretadas en 1994 y, sobre todo, al medio millón de 1993 y las 100.000 pesetas de 1991. La Diputación considera que la situación en Vizcaya "es particularmente delicada" al ser el territorio "donde el incumplimiento es más flagrante". A su juicio, las empresas han tenido "suficiente plazo, cerca de cinco años, para tomar las oportunas medidas de reconversión de sus actividades de negocio hacia otras áreas". La institución foral ha delimitado la instalación de vallas en 34 carreteras que considera como urbanas [ver EL PAÍS del pasado 13 de enero] y ha descartado el permiso en otros 161 viales, aunque los incumplimientos prosiguen hoy día. Un portavoz de las agencias de publicidad vizcaínas mostró su rechazo a este documento y a la política seguida en esta materia en los últimos años.