Navarra prepara la caja única del 2000

Las dos cajas de ahorro navarras caminan ya decididamente hacia su fusión. Alentadas por los continuos procesos de unión bancaria y los retos del euro, Caja de Ahorros de Navarra (CAN) y Caja Pamplona (CAMP) han decidido definitivamente sentarse a hablar de su conversión en una única entidad, que administrará la mitad del ahorro de los navarros (721.203 millones de pesetas). La institución resultante ocupará el puesto décimotercero en el escalafón de cajas españolas por volumen de recursos ajenos manejados. Las reticencias han quedado atrás. Caja Navarra, controlada férreamente por el Gobierno de UPN-PP y la más fuerte de ambas, fue la primera en pedir la unidad, después de desterrar la idea de buscar prioritariamente una fusión extraprovincial propuesta por el presidente navarro, Miguel Sanz, hace ahora un año. Caja Pamplona, el instrumento financiero del Ayuntamiento de la capital, en manos del tripartito formado por CDN, PSN-PSOE e IU-EB, se lo pensó más de dos veces, pero al final ha aceptado el reto. "Será una fusión de igual a igual", ha advertido Manuel López Merino, director de esta entidad. Lo cierto es que el camino hacia la unificación se ha dibujado en los despachos de los partidos y no ha contado con un entusiasta apoyo de los responsables financieros de ambas entidades. Pero las instituciones mandan en los consejos de administración de ambas cajas navarras -el presidente navarro, Miguel Sanz, designa directamente a 11 de los 16 consejeros de la CAN y el pleno del Ayuntamiento de Pamplona elige a los suyos en proporción directa al número de concejales- y su decisión es la de constituir a la mayor brevedad posible una nueva caja que se sitúe en el núcleo de cabeza de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Y así lo han ratificado en los últimos días. La fecha del objetivo de fusión plena es el 1 de enero del año 2000, como lo ha reconocido el consejero de Economía, José María Aracama. Los sindicatos ya estudian la repercusión que para el empleo tendrá la unificación, producto de la duplicidad de oficinas, la necesaria homologación retributiva y un posible excedente laboral. Ambas cajas suman 265 oficinas ubicadas en su mayor parte en la comunidad foral. Un estudio de CAN cifró en 50 las sobrantes, mientras que se baraja la cifra de 150 prejubilaciones como posible, frente a una plantilla conjunta actual de 1.300 empleados. Los problemas de la unificación no serán pocos y uno de los más complejos será el de adaptar a un nuevo estatuto único los distintos regímenes jurídicos de los que gozan ahora ambas entidades. Las cajas navarras son las únicas de toda España que no han democratizado sus órganos rectores conforme a lo previsto en ley de Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), aprobada el 2 de agosto de 1985. Estatuto especial Los sucesivos gobiernos socialistas y conservadores de Navarra siempre han esgrimido, para evitar la presencia de impositores, vecinos y trabajadores en los consejos, que la CAN se rige por un estatuto especial desde 1976, pactado directamente con el Banco de España y anterior al propio Amejoramiento del Fuero, que atribuye a Navarra competencias exclusivas en la materia. Un fuero privativo que elude el control parlamentario y que en la actualidad permite a UPN, y concretamente a su presidente, Miguel Sanz, nombrar a dedo a sus nueve consejeros de Gobierno como consejeros de la entidad, además de haber nombrado al fundador de UPN, Jesús Aizpún como consejero, así como al ex director de la entidad Juan Luis Uranga. Los cuatro restantes puestos se los reparten PSN-PSOE, CDN, IU y Eusko Alkartasuna sin la presencia, siempre vetada, de HB, que sí posee consejeros en la CAMP en proporción a su número de concejales. Esa situación de irregular monopolio político sobre unas instituciones que, como detalló la sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984, a pesar de su relevancia pública, no son organismos públicos, sino "entidades de carácter social", genera la protesta de la oposición parlamentaria que ha demandado reiteradamente la necesidad de impulsar una nueva iniciativa legislativa que democratice estos órganos de Gobierno, ya que la ley foral de Democratización de Órganos Rectores de 1987 nunca se ha llegado a cumplir. Al margen de ese debate, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona saben que el proceso de unificación abrirá un periodo sensible en el que las otras dos cajas fuertemente asentadas en Navarra, Caja Rural y Caja Laboral Popular, ganarán posiciones, aunque su volumen conjunto de depósitos, de unos 300.000 millones de pesetas, no amenazará el predominio de la futura caja única navarra. De hecho, ambas entidades, en su condición de cooperativas de crédito, soportan una muy inferior carga fiscal en el impuesto de sociedades (un 25% frente al 35% de CAN y CAMP), lo que les ha permitido, según fuentes del sector, disponer de unos mayores márgenes en sus estrategias comerciales para asentarse en el mercado navarro.