El interventor municipal de Marbella declara hoy por el asunto de la estatua rusa de Puerto Banús

Los casos relacionados con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, seguirán saturando en los próximos días la vida de los juzgados de la localidad. Hoy, el interventor municipal de Marbella, Juan Antonio Castro, comparece como testigo ante el titular del Juzgado número 5, Antonio Ruiz Villén, para declarar acerca de la compra, por parte del Ayuntamiento, de una estatua al artista ruso Zubrab Tsereteli, por la que presuntamente se pagaron 141 millones en terrenos pese a que era una donación. Mientras, José Luis Sierra, abogado de Gil encarcelado por el caso Atlético, ha recurrido el auto de prisión.

El caso de la estatua rusa comenzó, al igual que el del Atlético de Madrid, a raíz de una denuncia de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos que afecta al alcalde, Jesús Gil, y al ex teniente de alcalde, Pedro Román, (ingresado en la Prisión Provincial de Málaga desde el día 7 por su implicación en el caso Atlético). La denuncia, presentada en 1996, sostiene que el Ayuntamiento cedió tres parcelas en urbanizaciones de lujo, valoradas en 141 millones de pesetas, al artista Zubrab Tsereteli para satisfacer el pago de la estatua La Victoria (que actualmente está colocada en Puerto Banús). Un regalo Lo extraño del caso es que la estatua era un regalo del alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, y en el convenio de colaboración firmado entre ambas ciudades se decía que el Ayuntamiento de Marbella únicamente tendría que abonar los gastos de transporte y aduana, unos 32 millones de pesetas en total. Gil siempre ha negado el pago de los 141 millones y en todo momento ha proclamado que la estatua fue una donación. Pero la querella asegura que el dinero llegó al artista después de una compleja sucesión de transferencias: El Ayuntamiento habría transferido el dinero a la empresa municipal Jardines 2000. De allí, habría pasado a la sociedad Emasa, que a su vez lo habría transferido a otra sociedad y de ésta habría pasado al artista. El 25 de noviembre de 1998, una comisión judicial formada por inspectores de finanzas de la Agencia Tributaria y agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron la sede de Jardines 2000. Ahora, Juan Antonio Castro, interventor del Ayuntamiento de Marbella, tendrá que declarar en relación a los pagos que supuestamente se libraron por la estatua. Castro también fue citado como testigo por el juez Santiago Torres el pasado viernes. Aunque finalmente no llegó a comparecer, la declaración del interventor es vital para la investigación de las supuestas irregularidades en el patrocinio de la ciudad de Marbella por parte del Atlético de Madrid, porque Castro advirtió, ya en 1995, que no había constancia en los libros de contabilidad del ayuntamiento del pago de 450 millones al club de fútbol. Recurso del abogado de Gil El abogado de Gil, José Luis Sierra, que ingresó en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) en la madrugada del sábado por su vinculación con este último caso, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Málaga el auto dictado por el juez Torres. El instructor del caso Atlético decidió encarcelarlo atendiendo a una petición del fiscal, que consideraba que las últimas averiguaciones de la investigación exigían esta medida. El abogado de Sierra, Francisco Cobo, sostiene que los informes emitidos por éste para el alcalde de Marbella son ajustados a Derecho, y que no han aparecido novedades en el caso que justifiquen su encarcelamiento. Por otro lado, hoy está previsto que el alcalde de Marbella regrese al Hospital Clínico Universitario de Málaga para continuar con su chequeo médico. A las 8.00 horas deberá someterse a un cateterismo que permitirá conocer el estado de sus arterias. Las pruebas anteriores han permitido concluir que la afección coronaria de Gil no es grave, pero aún faltan algunos análisis para desterrar totalmente la duda. El alta no se le dará hasta mañana, porque el cateterismo exige 24 horas de observación.