La Administración marítima se hunde
El naufragio del catamarán La Oca, ocurrido el pasado 8 de octubre en el lago de Banyoles y en el que murieron ahogados 20 jubilados franceses, ha hecho aflorar entre los expertos en siniestros marítimos diversas dudas sobre la actuación seguida por la Administración marítima, formada por la Marina Mercante y la Capitanía Marítima. A las críticas que efectuaron días después del siniestro diversos sectores se suma ahora un informe encargado por la Generalitat en el que se recogen las causas técnicas del hundimiento y las supuestas responsabilidades administrativas. El informe, que será presentado la próxima semana en la Dirección General de Pesca Marítima de la Generalitat, fue redactado durante los meses de noviembre y diciembre por un abogado y tres expertos en marina civil. En la parte final del documento se afirma que tras el accidente "se ha puesto en evidencia el deficiente funcionamiento de la Administración marítima, encargada por ley de cumplir y hacer cumplir a todos los barcos, la normativa de seguridad". Asimismo se precisa que "también resulta importante destacar la falta de coordinación entre la Administración local y la Capitanía Marítima". Los expertos llegaron a estas conclusiones en diciembre, coincidiendo con el anuncio hecho por la juez que instruye el caso, Montserrat Bastit, de que rechazaba una petición del Ayuntamiento para imputar en el caso al capitán marítimo de Palamós (Baix Empordà), Josep Marsal, y al ingeniero naval Joan Ribera. "La Oca no tenía todos los certificados de seguridad previstos por la legislación, pero es que en ningún momento la inspección marítima reconoció su existencia en el lago antes del accidente", afirma Joan Zamora, director del Centro de Logística y Servicios Marítimos de la Universidad Politécnica de Cataluña y coordinador del estudio. Zamora señala que técnicamente el hundimiento del catamarán no tiene más secreto: el naufragio se produjo por una simple pérdida de flotabilidad debido a las dos aberturas practicadas en la popa por los dos propietarios. Sin embargo, reconoce: "La Oca inició su actividad de pasear turistas por el lago en junio de 1998 sin los permisos necesarios que deberían de haber sido controlados por la Administración marítima". El accidente de Banyoles ha destapado la inseguridad de algunas de estas embarcaciones recreativas y grandes naves de líneas regulares. Una persona y 6.000 barcos A juicio de Zamora, los escasos recursos técnicos y humanos de que disponen los inspectores marítimos que trabajan en Cataluña son un ejemplo de la insuficiente modernización y de la deficiente estructura del Estado en estas cuestiones. Y es que la realidad dibuja un panorama desalentador para las inspecciones de barcos de todo tipo en la provincia de Girona: hay un solo inspector de buques en toda la provincia marítima de Palamós para más de 6.000 embarcaciones. En cuanto a las posibles responsabilidades del Ayuntamiento de Banyoles en el accidente, Zamora indica: "La Administración local, que dedica por ley cuatro personas a vigilar el cumplimiento de la normativa municipal sobre el lago, en ningún momento observó anomalía alguna en las embarcaciones de pasajeros, aun conociendo la denuncia del propietario del Anna contra los armadores de La Oca por competencia desleal y falta de idoneidad profesional del personal". Según los autores del informe, el caso ha revelado la responsabilidad individual y empresarial, pero no deja de lado los controles que deben realizar las administraciones públicas, que a menudo están poco atentas al control real de las condiciones en que muchas empresas llevan a cabo su actividad Asimismo Zamora reclama que el Ministerio de Fomento, del que depende Marina Mercante, traspase las competencias de la gestión de la seguridad marítima a la Generalitat con el objetivo de "democratizar y trasladar el Estado de las autonomías a lo referente al mar y las aguas interiores". Para ello propone también la creación de una oficina de seguridad marítima para controlar las embarcaciones civiles de Cataluña.
