El juez archiva la trama oculta del 'caso Calvià' que implicaba al PP
No habrá por ahora un nuevo proceso penal que permita verificar quiénes fueron los protagonistas ocultos que alentaron la trama del caso Calvià y dirigieron a los tres delincuentes -dos militantes del PP y un comisionista y ex narcotraficante- que fueron condenados en 1993 por la Audiencia de Palma y en sentencia firme del Tribunal Supremo de 1994, por intentar comprar el voto de un concejal del PSOE con 100 millones de pesetas para entregar la alcaldía de Calvià (Mallorca) a manos del PP. El juez de lo penal Javier Mulet declaró ayer "extinguida la responsabilidad criminal por prescripción del delito" de cohecho del que estaban acusados Francisco Gilet, ex consejero del Gobierno balear y ex diputado nacional del PP, y Eduardo Vellibre su mano derecha y alcaldable por Calvià.El fiscal y las defensas de los dos miembros del PP lograron la anulación de la vista, en la que estaba citado como testigo el ex presidente balear y del PP, Gabriel Cañellas. Dos acusadores -el PSOE y el Ayuntamiento de Calvià- apelarán este auto de archivo. El juez aduce la estricta legalidad -"la autolimitación o renuncia del Estado por el transcurso del tiempo transcurrido", dice sobre la caducidad de la persecución de la responsabilidad penal- para rechazar que los supuestos nuevos autores sean sometidos a eventuales condenas.
Forma chapucera
El magistrado Mulet recuerda que en el caso Calvià "repugna a la ciudadanía la forma, torticera e incluso chapucera, con la que se intentó el cambio gubernamental (...) por cuanto supone de cercenación y desconfianza hacia los principios democráticos y fraude del sistema electoral". Según la acusación, y como atestiguó el fiscal Ramón Vázquez, Gilet y Vellibre eran los directores no juzgados de la trama que perseguía hacerse con el control político y urbanístico del potente municipio turístico de Calvià.Antonio Diéguez, letrado del concejal José Miguel Campos, que fue víctima del intento de soborno, observó como anómalo el cambio de calificación penal en la que el juez ampara la prescripción y dijo: "Todo el mundo sabe qué pasó en este caso. Se perseguía la verdad judicial del asunto pero el paso del tiempo ha llevado a la prescripción. No se olvide que uno de los acusados (Vellibre), reconoció su autoría aunque es, legalmente, inocente".
Vellibre afirmó: "Venía al juicio con el ánimo a asumir las responsabilidades jurídicas; las políticas las asumí ya al dimitir en 1996". El ex consejero balear y ex número 2 de Gabriel Cañellas, Francisco Gilet, afirmó, por su parte: "He sufrido la peor condena que puede padecer un inocente, la pena de banquillo". Gilet, que tras reaparecer el escándalo en 1996 fue apartado de las candidaturas del PP que encabezó en 1993, explicó que ha perdido la mayoría de los clientes de su bufete de abogado.
