16 industriales del calzado aceptan penas que les evitan la cárcel por emitir facturas falsas del IVA

Salvados por la campana. La nueva legislación fiscal y la aceptación del delito, libró ayer a 16 empresarios del calzado de la provincia de Alicante de ir a la cárcel por falsedad en documento mercantil y fraude a la hacienda pública. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante les impuso penas mínimas de cárcel, que no cumplirán, tras reconocer los industriales implicados que entre 1989 y 1990 emitieron facturas falsas del IVA por importe de 748 millones de pesetas, lo que les permitió defraudar unos 100 millones de pesetas a las arcas públicas.

Entre los empresarios condenados figura Ramón Cerdá, concejal del PP y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de El Pinós. La dirección del partido no quiso ayer pronunciarse sobre el caso, y remitió a los periodistas al análisis que se hará hoy, después de conocer los pormenores de la sentencia. Hacienda denunció en julio de 1991 que diversas empresas de calzado con domicilio social en Elche, Crevillente, Callosa del Segura, Pinoso, Salinas y Monòver, en las comarcas del Vinalopó y Vega Baja, habían presentado facturas irregulares correspondientes a los ejercicios fiscales de 1989 y 1990. Los investigadores descubrieron que dos industriales de Elche emitían facturas a nombre de empresas inexistentes o que habían cesado su actividad con anterioridad. Los receptores de estos documentos justificaban el pago del IVA, y cuando Hacienda buscaba a los emisores para cobrar el impuesto descubría que no estaban operativos o no existían. Hacienda pudo demostrar que los implicados habían defraudado unos 100 millones. En un primer momento, el escrito de acusación del fiscal, Antonio López Nieto, pedía 70 años de prisión para el conjunto de los imputados, aunque finalmente la penas impuestas oscilan entre un año y siete meses, y un mes y un día. La nueva legislación fija en 15 millones de pesetas la cantidad mínima de un fraude fiscal para que se le pueda imputar el delito, con lo que difícilmente se puede aplicar en este caso ya que los 16 empresarios estafaron en su conjunto por valor de 100 millones de pesetas. Además, los condenados consiguieron una importante reducción de la condena al admitir ayer ante el tribunal que les iba a juzgar todos los cargos que se les imputaba y conformarse con las nuevas penas que solicitó el fiscal, con las que conseguían el objetivo de eludir su ingreso en prisión. Uno de los defensores de los industriales, José María López Coig, admitió ayer que "lo importante era que ninguno entrara en la cárcel". "Por eso", añadió, "nos hemos puesto de acuerdo los 14 abogados y hemos admitido los cargos, aunque en principio no compartíamos algunas de las imputaciones". Los condenados son Antonio Coves, Sebastián Díaz, Pascual González, Antonio Martínez, Asunción Aledo, Manuel Guilló, Constantino Gutiérrez, Antonio López, Salvador Nebleza, Pedro Pastor, Juan Corbí, Manuel Alarcón, Jaime Mas, Manuel Girona, José Cerdá, y Ramón Cerdá, este último concejal del PP y teniente de alcalde en la localidad de El Pinós. El edil figuraba como encargado de la empresa de la que era gerente su hermano, también condenado en este proceso. Los dos empresarios considerados como los cerebros de la trama han recibido las penas más altas. Por la falsificación se les condena a un año de prisión menor y a una multa 100.000 pesetas, mientras que por el delito contra la Hacienda Pública se les impone siete meses de cárcel y una multa de 100 millones de pesetas. Para el resto de procesados, cuya implicación se considera menor, las condenas oscilan entre los siete meses, los seis meses y un día, y un mes y un día de prisión menor. Las multas para estos 14 empresarios también son inferiores a las establecidas para los cabecillas, y varían entre las 50.000 y los 50 millones de pesetas. Ninguno de los empresarios tenía antecedentes penales. La aceptación de las delitos por los industriales implica que las empresas que dirigían cuando se abrió el proceso judicial no podrán percibir durante cinco años subvenciones o créditos oficiales, ni gozar de beneficios o incentivos fiscales. Se trata de las firmas Calzados Invi, Calzados Riberta, Gil-Tres, Curtidos Corpiel, Curtidos Anpiel, Aparados Anpiel, Curtidos Inpiel, Aparados Lara, Ablemai, Boltini, Creaciones Conda, Daposa Shoes, Kisem Sport, Monovar"st, D. Quijote, Sabivan, Kimer Shoes, López Amorós y Troquelados Nalisa. No obstante, también podrán eludir esta sanción ya que en el sector es habitual el cambio de nombre de empresa.

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