Los ancianos pagarán a las residencias un tope del 75% de su pensión

El proyecto de ley de Atención y Protección a las Personas Mayores, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, establece que los ancianos que ingresen en una residencia pagarán hasta un máximo del 75% de su pensión. Ésta es una de las principales novedades de la futura normativa, que recoge el derecho a las prestaciones complementarias que puede dar la Junta a través de una paga extra a las pensiones no contributivas y asistenciales, según el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. El proyecto de ley, que persigue cuidar de la suficiencia económica de este colectivo (alrededor de unos 800.000 andaluces), fija un régimen sancionador para las personas o entidades que atenten contra la integridad de los ancianos, con multas de hasta 50 millones de pesetas para las infracciones graves que puedan cometer los titulares de los servicios o centros de atención del mayor, los representantes legales de estas entidades y el personal que trabaje en dichos centros. La sanción podrá suponer el cierre del centro y la inhabilitación profesional. El texto propone, en cuanto a la entrada en los asilos, que ninguna personas podrá ingresar "sin que conste fehacientemente su consentimiento". En los casos de incapacidad, se requerirá permiso judicial para el ingreso. Para salvaguardar los bienes de los ancianos, el proyecto obliga a que antes de inscribirse en los centros hagan una declaración patrimonial de los últimos cinco años. El consejero dijo que la puesta en marcha de los servicios de la ley requerirá una inversión de 8.000 millones distribuidos de la siguiente forma: 600 millones para potenciar la ayuda a domicilio; 5.160 para 16 centros de asistencia diurna; 700 para adaptación de los hogares de ancianos; y 1.446 millones para adecuar las residencias de la Junta, Diputaciones y entidades sin ánimo de lucro.