"Tenemos derecho a estar aquí", dice la esposa de un guardia civil

El aluvión de artefactos incendiarios que recibió la casa cuartel de la Guardia Civil de Algorta, en el municipio de Getxo (Vizcaya), dejó un par de cristales rotos y la fachada que da a la calle ennegrecida. Los daños materiales fueron escasos, pero la indignación de los inquilinos de las viviendas era ayer inmensa. "Tenemos tanto derecho a vivir aquí como ellos", dijo ayer a la puerta del cuartel, Pilar, esposa de uno de los guardias civiles. "Somos familias con tres y cuatro hijos, que estamos trabajando".Pilar, residente en Algorta desde hace 10 años, fue testigo del ataque a los bloques de la Guardia Civil, donde viven un centenar de familias rodeados de la zona de más densidad de población de la localidad. Le sorprendió el ruido de las explosiones. "Fueron unos 40 encapuchados. Nos llevamos un susto grandísimo, estaba ardiendo todo. Los que están fuera no viven lo que es esto", lamentaba.

Los propios guardias sofocaron el fuego y no fue necesario desalojar el edificio. Por suerte, los impactos no alcanzaron a nadie, en un tramo de calle por el que circulan frecuentemente quienes residen en el cuartel.

"Andas con precaución, pero no tengo miedo", prosiguió Pilar. "Esos [los autores del ataque] son muy valientes con una pistola en la mano. Creo que miedo tienen ellos porque escapan enseguida. Y hay que dar la cara".

Tres bloques de pisos

Los tres bloques de pisos que ocupa la Guardia Civil en Algorta, con unas instalaciones anexas que albergan las oficinas de expedición del carné de identidad, han sido objetivo terrorista con anterioridad y también el blanco de ataques similares al de la noche del martes.

En principio, los pisos no estaban destinados a la Guardia Civil, pero una vez iniciada la construcción se decidió reconvertirla en casa-cuartel. De rebote, la edificación costó la vida de Mikel Solaun, el primer histórico de ETA que aceptó la reinserción. Solaun, ingeniero de profesión, trabajó a su vuelta del exilio en Venezuela en la empresa encargada de levantar las viviendas.

Las amenazas de dos activistas de ETA consiguieron que Solaun aceptara contratarles como albañiles con el objetivo de colocar una carga explosiva en una viga maestra del edificio, que harían explosionar el día de la inauguración. Una vez acabada la obra, la policía recibió una llamada anónima en la que se recomendaba la revisión de la estructura. No encontraron nada sospechoso, pero la detención de un terrorista evitó finalmente el atentado y delató la complicidad de Solaun.

En la cárcel éste recibió una paliza de los presos de ETA. La celeridad con la que se gestionó la libertad del ingeniero y la obtención de un nuevo pasaporte no consiguió salvarle la vida. En 1984, ETA le asesinó de un tiro.