La ley de multipropiedad 'olvida' regular el derecho de reventa

La ley que regula la multipropiedad entró ayer en vigor. Pero lo hizo, según la Unión de Consumidores de España (UCE), sin hacer referencia al derecho de reventa de los usuarios de este servicio turístico, algo que exige la directiva europea en la que se ha basado. Por eso la UCE considera "incompleta" la regulación y se lo hará saber a la Comisión Europea "si este error no se subsana", explicó una portavoz.

La multipropiedad, que permite disfrutar de un apartamento durante un periodo de tiempo al año sin comprar ni alquilar, mueve en España 89.000 millones de pesetas al año, según la Asociación Nacional de Empresarios de Tiempo Compartido (ANETC), la única del sector. Pero los derechos y deberes, de empresas y consumidores, no estaban regulados de forma específica para este sector hasta ayer, cuando entró en vigor la ley que traspone una directiva europea de 1994.Las empresas tendrán dos años para adaptarse al nuevo marco jurídico, algo que la UCE considera excesivo. Pero esta asociación pone el acento de su crítica en el hecho de que el texto no regula el derecho de reventa del consumidor que es lo que "genera la mayoría de las reclamaciones" de los usuarios y que las empresas utilizan como un "gancho" para vender.

La directiva -mínimo normativo para las legislaciones nacionales- incluye una referencia sobre este extremo en el anexo. El punto k) de éste exige que en el contrato se establezca si hay o no opción a revender el uso del apartamento en cuestión, algo que ha olvidado el texto español. La UCE considera que esa laguna significa que la trasposición de la directiva se ha hecho de forma "incompleta" y se lo hará saber a la Comisión Europea por medio de una carta "si es que no se trata de una errata del BOE".

Dos años de retraso

Al margen de ésto y de que el texto llegue casi dos años después de lo previsto (abril de 1997 era la fecha límite), la UCE está satisfecha con la nueva regulación. La ley hace desaparecer el término con que se ha hecho popular este servicio turístico: multipropiedad. A medio camino entre la compra y el arrendamiento, los contratos que dan lugar a este tipo de servicio no suponen propiedad alguna, sino derecho de uso durante un máximo de 50 años y un mínimo de 3. Además regula la forma del contrato, las posibilidades de rescisión del mismo, obliga a informar exhaustivamente al usuario y prohibe la exigencia de anticipos por parte del vendedor.

España no ha sido el último país de la Unión Europea en adaptar su legislación a la directiva. El grueso lo hizo en 1997, pero países tan turísticos como Italia o Portugal lo tienen pendiente, según ANETC.

Para el director general de la ANETC, Pedro Planas, la adaptación del sector a estas exigencias augura "un periodo traumático". España es el primer destino europeo - casi 500.000 familias, 431.000 de ellas extranjeras tienen inmuebles en la península, Baleares y Canarias bajo este régimen- en la materia. Y los 4.750 complejos turísticos de este tipo que existen dan empleo directo a más de 25.000 personas, según la ANECT.