La oposición y los sindicatos critican el Programa de Estabilidad por "poco creíble" y "escasamente solidario"

La oposición y las centrales sindicales UGT y CCOO criticaron ayer abiertamente el Programa de Estabilidad 1999-2002, aprobado por el Gobierno el pasado viernes y presentado oficialmente el lunes por el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro.El portavoz de Economía del Grupo Socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, aseguró que el plan "es electoralista y poco creíble (...). Me da la impresión", argumentó, "de que el PP quiere mantener sus previsiones optimistas para 1999 con el fin de obtener tirón electoral, y después, a partir del año 2000, revisar a la baja unas estimaciones poco creíbles". Eguiagaray destacó que, mientras algunos organismos internacionales, como el FMI, pronostican un crecimiento del PIB español del 3,4%, "el Gobierno se empeña en elevarlo al 3,8% (...). Además", continuó, "estima un crecimiento del 3,3% como media de los próximos años, una cifra difícil de conseguir en una coyuntura internacional adversa".

El portavoz de Economía de Izquierda Unida en el Congreso, Pedro Antonio Ríos, calificó de "aberrante" que el Gobierno diga que no habrá déficit público en el año 2002, "porque eso sólo puede conseguirse privatizando ámbitos de la sanidad y permitiendo el deterioro de los servicios públicos".

Ríos consideró positivo, aunque tardío, el cambio en la doctrina del Ejecutivo sobre la evolución del poder adquisitivo de los salarios. Montoro aceptó el pasado lunes la posibilidad de que los sueldos suban por encima de la inflación.

UGT también aplaudió este extremo, aunque no cree que con la política que propone, "el Gobierno pueda alcanzar los objetivos de empleo que se ha marcado". El Programa de Estabilidad recoge la creación de 1,3 millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años.

Comisiones Obreras estima que el plan "configura un modelo de crecimiento escasamente solidario y solvente". El sindicato considera que este plan perjudicará al empleo, la vivienda, las comunicaciones y la política industrial y energética.

La patronal catalana Fomento del Trabajo volvió a solicitar ayer al Gobierno medidas que abaraten el despido.