El fiscal del Constitucional no se opone a la suspensión de las penas de Barrionuevo y Vera

, El fiscal ante el Tribunal Constitucional decidió ayer no oponerse a la suspensión de la condena del ex ministro José Barrionuevo, el ex secretario de Estado Rafael Vera y otros tres de los sentenciados por el caso Marey, mientras el alto tribunal tramita los recursos de amparo que todos ellos tienen presentados contra el fallo condenatorio del Supremo. El fiscal, que el pasado 19 de noviembre se opuso a la suspensión de las condenas, ha variado de criterio tras el indulto de las dos terceras partes de las que se les impusieron y no llegar a los cinco años la pena que resta por cumplir.

La decisión del fiscal ante el Tribunal Constitucional, cuyo jefe es José Julián Hernández Guijarro, no supone un cambio de criterio, sino que se trata de la aplicación de la doctrina habitual del propio alto tribunal.La postura de no oponerse a la suspensión afecta únicamente a las penas privativas de libertad, pero no a las de inhabilitación que también les fueron impuestas.

De hecho, el indulto concedido por el Gobierno, de acuerdo al informe emitido por el Tribunal Supremo, abarca a dos tercios de los 10 años de prisión a los que fueron condenados Barrionuevo, Vera y Sancristóbal.

Respecto a la inhabilitación absoluta de 12 años a la que también fueron condenados, el Gobierno indultó la sentencia parcialmente, de tal forma que han quedado privados "definitivamente de todos los honores, empleos y cargos públicos que tengan, aunque sean electivos, e incapacitados para obtenerlos, y para ser elegidos durante el plazo determinado de tal pena, pero permitiéndoles ejercer el empleo o cargo a que por su carrera profesional pudieran tener derecho, aunque sea en cuerpos del Estado u otra entidad pública, excluyendo, en todo caso, el prestado al servicio o mando de cualquier clase de cuerpo policial".

Hoy habrá decisión

El informe del fiscal del Tribunal Constitucional afecta a Barrionuevo, Vera, Julián Sancristóbal, Miguel Planchuelo y Ricardo García Damborenea, que son los que han solicitado la suspensión de la condena mientras se tramita el recurso de amparo. Planchuelo, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión y a once años de inhabilitación, mientras que García Damborenea lo fue a siete de prisión y a otros siete de inhabilitación especial.El caso podría afectar también al ex comisario Francisco Álvarez, condenado como Planchuelo a nueve años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación, pero éste ha preferido seguir cumpliendo la pena en la cárcel barcelonesa de Cuatre Camins, ya que, debido al tiempo que pasó en prisión preventiva, está muy próximo a conseguir la libertad condicional.

El Tribunal Constitucional se reúne esta mañana y con toda probabilidad, ya que se trata de doctrina pacífica del propio organismo, decidirá suspender las condenas impuestas en lo que a pena privativa de libertad se refiere. Ello quiere decir, que el ex ministro, el ex secretario de Estado y los restantes implicados en el caso Marey que han solicitado la suspensión de la condena podrán salir de prisión de forma inmediata. Aunque el tribunal, según fuentes jurídicas, nunca suspende las penas de forma automática, el pronunciamiento en favor de la suspensión para los otros condenados con sentencias inferiores a cinco años, avala que en esta ocasión sí se vaya a paralizar la ejecución, ya que ni siquiera se trata de casos similares, sino de penas impuestas en un mismo caso para el que el alto tribunal ya se pronunció.

El Tribunal Constitucional ya suspendió las penas de prisión para los ex policías José Ramón Corujo, Luis Hens, Michel Domínguez, Julio Hierro y Francisco Sáiz Oceja, algunos de ellos condenados a cinco años y medio, antes de ser indultados.

Por ello, y aunque el fiscal informó anteriormente en contra, al haberse reducido tras el indulto la condena de manera sustancial, y que lo que reste por cumplir de pena privativa de libertad sea inferior a los tres años en el caso más grave, avala que el fiscal haya modificado su postura.

Ahora, tras el preceptivo informe del fiscal en el que no se opone a la suspensión, el Constitucional tiene la última palabra. Mientras tanto la Sala Segunda del mencionado organismo deberá estudiar el fondo de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Supremo.