Un juicio lleno de testaferros y sociedades pantalla

, A la luz de lo que se ha observado en este primer año del juicio del caso Banesto, lo que podría parecer un esquema de "ingeniería financiera", capaz de aventajar a otros experimentos utilizados en el pasado, no sólo confirma las sospechas de la instrucción sumarial, a saber, la existencia de un sistema muy rudimentario de interposición de sociedades y personas. Además, el juicio oral permite advertir los detalles y matices con mayor precisión. Es un caso en el que la inmediación -capacidad de los jueces para tomar contacto con la realidad de lo que ocurrió- suple con creces cualquier instrucción.

Si bien el juicio comenzó el 1 de diciembre de 1998, las operaciones -por las cuales se pide 35 años de prisión a Mario Conde y 23 años a Arturo Romaní y diferentes penas para los otros nueve acusados (Rafael Pérez Escolar, Enrique Lasarte, Ramiro Nuñez, Eugenio Martínez Jiménez, Juan Belloso, Fernando Garro, Francisco J. Sitges, Mariano Gómez de Liaño y Jacques Hachuel)- no empezaron a verse hasta primeros de marzo.

De un total de nueve operaciones individualizadas, se han abordado la mitad: extracción de caja o presunta apropiación indebida de 300 millones de pesetas; Operación Cementeras o presunta estafa de 1.500 millones; Oil Dor y La Esquina del Bernabéu (presunta estafa de unos 2.600 millones en total); y, en paralelo a ellas, se ha comenzado a ver los artificios contables o falsedades utilizadas para camuflar la verdadera situación de Banesto antes de la destitución de los anteriores administradores.

Conde empieza a declarar

Mario Conde comenzó su declaración en marzo, poco después de ingresar en la prisión de Alcalá Meco para cumplir condena por el caso Argentia Trust, el 26 de febrero de 1998, tras la confirmación de la sentencia de la Audiencia Nacional por el Tribunal Supremo.Fue una apertura esperada sobre los 300 millones. Nada más empezar dijo lo previsto: que había mentido al juez Manuel García-Castellón al declarar, en diciembre de 1994, que nunca había dado órdenes a su entonces director general, Martín Rivas, de retirar ese dinero. Conde lo había negado en dos careos con Rivas. En el juicio declaró que los 300 millones eran un pago a Adolfo Suárez por "ayudarle" a persuadir al Banco de España, en 1989, para que le aprobase los resultados de 1988, tras la ruptura del proyecto de fusión Banesto-Central.

Rivas declaró en calidad de imputado, como Conde, en diciembre de 1994. Se empleó a fondo para que se le creyera. Al finalizar uno de sus careos con Conde, le espetó: "Eres un sinvergüenza. Me arrepiento de haberte servido". Sin embargo, el cambio de versión por parte de ex banquero tuvo eco en Rivas, quien, ya como testigo, hizo una declaración diferente. Fue una versión acomodada, por las razones que fuese, a las necesidades de Conde. En el vestíbulo de la Audiencia Nacional Rivas y Conde se saludaron como viejos amigos, superadas las diferencias.

Fue la declaración de Suárez, en octubre, la que tuvo cierta espectacularidad. Negó, como ya había hecho en 1995, que hubiese recibido los 300 millones ni que ellos pagasen servicios suyos ante el banco emisor. Suárez, empero, habló de un encuentro con Conde, en marzo de 1995, de gran interés. Durante su declaración, en efecto, el ex banquero se refirió a una visita suya a casa del ex presidente del Gobierno, asunto sobre el cual se mostró enigmático. Preguntado Suárez sobre ello, dijo que Conde le había exhibido en su casa, el 21 de marzo de 1995, uno papeles. "Unos papeles que yo estuve viendo... quería que el Gobierno lo supiera... Me bastó leer aquellos papeles para ver, primero, que no eran documentos, que podían ser fotocopias; transmití al presidente del Gobierno que había unos papeles que había leído que, de ser verdad, me parecían muy graves". Suárez dijo algunas cosas más y se refirió a otro encuentro con Conde, el 18 de mayo de 1995.

Suárez acreditaba así, por primera vez en sede judicial y de manera inequívoca, la operación chantaje de Conde sobre el Gobierno de González, preparada por el ex banquero tras su salida de la prisión preventiva por el caso Banesto, el 30 de enero de 1995, a través de su contacto con el coronel Juan Perote, ex jefe de la agrupación operativa de misiones especiales del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) y el control del material sustraído sobre la guerra sucia contra el terrorismo etarra. Perote puso a disposición de Conde los documentos clasificados, y éste intentó ofrecérselos al Gobierno socialista a cambio del arreglo de su situación.

El arreglo o pacto significaba, a la luz de la propuesta de Jesús Santaella en la Moncloa, el 23 de junio de 1995, y matizada en visitas posteriores del propio Santaella y de Mariano Gómez de Liaño a José Enrique Serrano, director del gabinete de Presidencia, varias cosas: 14.000 millones de indemnización, que podría ser satisfecha por Emilio Botín, presidente del Santander, accionista mayoritario de Banesto; apartar a García-Castellón de la causa; pactar con el Banco de España la terminación de su informe pericial; cese de las inspecciones de Hacienda, y otras.

En sede judicial, pues, Suárez contó que fue Conde quien controló el material del Cesid, lo que supone la negación de que su publicación posterior fue resultado de una investigación "periodística". Más tarde, al fracasar su chantaje, el ex banquero dio luz verde para publicar el material en la prensa -su periodico adicto, El Mundo, a quien había ayudado en momentos financieros difíciles, en 1992- para ablandar, por las malas, al Gobierno, cosa que no consiguió. La segunda de las operaciones examinadas es la que se denomina Cementeras y está, más tarde en el tiempo, en un gag típico de los hermanos Marx, conectada con las actividades del Centro Comercial Concha Espina (La Esquina del Bernabéu) y Oil Dor. Si la extracción de los 300 millones expresaba cómo Conde, que tenía menos de un 3% del capital de Banesto, consideraba al banco patrimonio exclusivo suyo, la Operación Cementeras reflejó la chapucería financiera de otro abogado del Estado: Arturo Romaní. Dos sociedades instrumentales vinculadas a ambos -Gay Cordon y Data Transmission Systems- obtuvieron un beneficio de 1.500 millones al comprar y revender cuatro sociedades hormigoneras aprovechando la división del grupo cementero entre Valenciana y Banesto, en 1990, tras una batalla con la familia Serratosa.

Uno de los testigos clave, propuesto por Romaní, fue Salvador Salort, entonces hombre fuerte de Portland Iberia, controlada por Banesto, quien, según Romaní, se encargó de la compra de dos de las cuatro sociedades hormigoneras, Prebetong Aragón y Hormifasa. La versión de Salort fue concreta: tanto el precio (1.403 millones) como la instrucción para comprar se las dio Romaní. Al término de la declaración de Salort, los compañeros de banquillo de Romaní, que suelen avergonzarse de la exhibición de sus malas artes, manifestaban, en el vestíbulo, que no daban crédito a sus ojos.

La coartada Cedeño

La estrella invitada de la operación era un panameño: Jaime D. Cedeño. La coartada montada por Romaní es que los 1.500 millones de la Operación Cementeras constituyeron una comisión destinada a un grupo panameño que le proporcionó información -"contaba con informes de agentes de la CIA", declaró Romaní en el juicio-para resolver los problemas con la familia Serratosa.Cedeño, que debía declarar el 19 de noviembre, mandó decir un día antes, a través de uno de sus letrados, que acudiría. Al día siguiente envió a su letrado un fax en el que anunciaba su imposibilidad de presentarse. Como Cedeño no acudió, otra testigo de Romaní, María Jesús Sánchez Pérez, formalmente ex empleada suya, al parecer relacionada con Cedeño, tampoco se presentó. Para que el tribunal no viera la desbandada, según razonaron los letrados de Romaní, dieron información para que se le citara. Cuando compareció, al ser preguntada si sabía por qué Cedeño no había comparecido, contestó: "Pues sí, y me parece que es por un motivo tan lamentable que no se lo desearía a nadie en esta sala... Lo sé, no le puedo decir, sé el motivo y ya le digo que no se lo deseo a nadie".

En momentos como éste, que se repiten casi semanalmente, el presidente del tribunal, Siro García, suele echar mano del humor. "En todo caso [dijo refiriéndose a María Jesús Sánchez Pérez], debemos agradecerla que desee que no nos ocurra lo mismo a nosotros que al señor Cedeño, que al parecer es una cosa grave, que eso lo tiene muy en cuenta el tribunal".

La coartada de Cedeño también es vital en Oil Dor y Centro Comercial Concha Espina (1.500 millones), en lo que se refiere a Romaní. Éste arguye que los 1.500 millones iniciales de los panameños se invirtieron mal y que, al perderse, tuvo que echar mano del favor de Carlos García Pardo, presidente de Dorna, para reunir otra cantidad equivalente a través de las dos operaciones citadas. Montilsa, que obtuvo esos 1.500 millones, es de Cedeño. Conde se esconde tras Romaní y Cedeño.