El Tribunal de Cuentas reclama una ley que regule las subvenciones a ONG y centros vascos

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cree preciso aprobar una ley específica que regule las subvenciones que el Gobierno vasco concede cada año a los países en vías de desarrollo y a los centros vascos en el extranjero. Estos fondos, gestionados directamente por la presidencia del Ejecutivo autónomo, han ido aumentando los últimos años hasta alcanzar los 4.000 millones de pesetas en el presupuesto de 1998. Es precisamente la importancia de la cuantía, junto a la intervención de otras administraciones, lo que ha llevado al tribunal a reclamar una ley reguladora.

El pasado año, se cumplió una década desde que el Gobierno vasco pusiera en marcha un plan anual de ayudas a los países en vías de desarrollo. Progresivamente, las subvenciones se fueron canalizando a través de las Organizaciones No Gubernamentales y de otras asociaciones sin ánimo de lucro. Los 10 millones de pesetas iniciales han ido ascendiendo en estos diez años hasta los 4.000 millones del presupuesto corrrespondiente a 1998. Actualmente, el programa de ayudas está confinanciado por las tres diputaciones, cuya aportación se fija cada año en el Consejo Vasco de Finanzas. El tribunal aprovechó la difusión ayer de su informe fiscalizador sobre las subvenciones correspondientes a los ejercicios 1995 y 1996 para reclamar una norma que llene el vacío legal existente. "Las subvenciones se regulan por normas de carácter reglamentario. Dada la cuantía de las ayudas y la intervención de otras administraciones, convendría completar el régimen jurídico de las mismas mediante la aprobación de una ley específica, que es particularmente conveniente por la actual carencia de regulación sobre este tipo de programas", detallan las conclusiones de la institución pública. El tribunal resalta que este tipo de subvenciones se desarrollan en el extranjero, por lo que sus beneficiarios están fuera del ámbito físico y jurídico vasco. Para resolver esta peculiaridad, propone introducir en la futura normativa una figura intermedia de las ONG, que esté sujeta al ámbito normativo de la comunidad vasca y con un coste de gestión menor. La institución sugiere también que, dado el aumento de proyectos, se complementen los medios humanos ahora disponibles con auditores en los países en que se desarrollen los programas. El análisis de fiscalización presta atención a las subvenciones concedidas a los Centros Vascos-Euskal Etxeak, que en 1995 recibieron 191 millones de pesetas, cifra que en 1996 aumentó a 214 millones. Destaca que funcionan 129 distribuidos en 17 países, de los cuales 78 están inscritos en el registro de federaciones, predominando los de Améica Latina. El informe aprecia irregularidades en la justificación documental de gastos y en la presentación de los informes pertinentes que se deben aportar a lo largo del proceso, tanto financieros como de ejecución de los proyectos. Se resalta en este capítulo que cinco fundaciones percibieron el 44% y el 25%, respectivamente, de las ayudas en 1995 y 1996.