Industria y el Gobierno asturiano se enfrentan por la seguridad en las minas

El Ministerio de Industria no está cumpliendo las inversiones en seguridad minera que prometió durante la negociación del plan del carbón. Lo denunciaron los sindicatos del sector en octubre, cuando murieron cuatro mineros asturianos en apenas 72 horas. Y han vuelto a recordarse ahora, tras la explosión de grisú del pasado lunes en un pozo de Hunosa que costó la vida a tres trabajadores y heridas muy graves a otro.

A raíz de este siniestro, que eleva a 14 los mineros muertos este año en Asturias, el presidente del Principado, Sergio Marqués, expresó su malestar por el incumplimiento de los programas de prevención de riesgo en las explotaciones carboneras. Industria atribuye la demora a las dificultades inherentes a la puesta en marcha de los programas para la mejora de la seguridad pactados con sindicatos y empresas. El ministro Josep Piqué reprochó el viernes en Asturias a Marqués que pretenda obtener "réditos políticos" de las víctimas de estos siniestros. Según fuentes sindicales, en 1998 sólo se han invertido 300 de los 2.000 millones comprometidos. Marqués había emplazado al ministerio para que aplique la totalidad de los recursos presupuestados para este fin. "Si la Administración central no es capaz de aplicar ese dinero, debe transferirlo a la Administración regional, porque nosotros sí nos sentimos capaces de llevar a cabo esos programas", afirmó. Piqué aseguró en Avilés (Asturias) que su departamento está haciendo "un esfuerzo para que el grado de ejecución sea el más elevado posible". "Ha habido muchas dificultades", explicó. "Por ejemplo, en el consejo de seguridad minera costó muchísimo esfuerzo que empresarios y sindicatos llegasen a un acuerdo. Se tardó casi un año. Yo creo que las cosas están ahora bien encaradas. Y nada me alegraría más que agotar el presupuesto este año y los próximos".El ministro se quejó de la actitud del Ejecutivo asturiano: "Cuando se producen desgracias de este tipo -que todos lamentamos y que todos debemos contribuir a evitar que se produzcan- no es el momento de plantear reivindicaciones políticas de corto plazo. Estos problemas hay que abordarlos con seriedad y no tratar de obtener de ellos réditos políticos". Marqués negó que sus reivindicaciones tuvieran la intención que les atribuía Piqué y calificó de "obscenas" su afirmaciones. El pasado octubre, el secretario de Estado de Industria, José Manuel Serra, reconoció en el Congreso de los Diputados el desfase que arrastran los programas para aumentar la seguridad en las explotaciones. Días después, la directora general de minas, Paloma Sendín, aseguró en Asturias que a partir de 1999 el Ministerio de Industria aplicará la totalidad de los 2.000 millones de pesetas anuales hasta el 2005 para programas de seguridad. "1998 ha sido un año de puesta en marcha y de rodaje, por lo que no es significativo. Pero la voluntad firme es consumir los 2.000 millones comprometidos para cada anualidad", aseguró.

Entre los mineros y los sindicatos existe una creciente inquietud ante la persistencia de los accidentes laborales. Pese a que el sector ha reducido de forma cuantiosa sus efectivos laborales -Hunosa, por ejemplo, pasó de 20.000 mineros en los primeros años ochenta a 8.000 en la actualidad- las víctimas mortales por siniestro laboral no han disminuido en la misma proporción. Este año han fallecido 14 trabajadores. En 1988, con más del doble de plantilla, murieron 19. En las dos últimas décadas el mayor índice se registró en 1973 y en 1985, con 39 y 36 mineros fallecidos, respectivamente.

Hunosa, que es la mayor empresa del sector en España, arroja el más alto número de víctimas por su mayor volumen de plantilla y las dificultades de sus yacimientos. Su presidente, Luis Tejuca, asevera que es la compañía minera europea que más invierte en seguridad. En 1997 los recursos destinados a ese fin pasaron de 59.000 a 62.000 pesetas anuales por trabajador.