Más de 60.000 trabajadores están expuestos a los efectos del amianto

Más de 60.000 trabajadores están expuestos en España a los efectos nocivos del amianto, según denunció ayer el sindicato UGT. Por este motivo, esta central ha remitido a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y a la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la resolución en la que se pide al Gobierno que prohiba el uso y comercialización del amianto, ya que antes de final de año está prevista una reunión de la Comisión Europea con los Gobiernos de la UE para aprobar una directiva al respecto.El sindicato, en un comunicado hecho público ayer, expresa su preocupación por los riesgos en la salud que conlleva la utilización de esta sustancia cancerígena, al que están expuestos en España más de 60.000 trabajadores, procedentes principalmente de los sectores del automóvil y la construcción. Recuerda, además, que sólo en tres países de la UE (España, Grecia y Portugal), se trabaja todavía con esta sustancia.

En este sentido, el pasado 16 de diciembre, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo abordó la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal de UGT en la que se pide al Gobierno que impulse, potencie y acelere al máximo la prohibición de este producto.

Además de la prohibición del amianto, pide al Gobierno que apoye todas las iniciativas dirigidas a la protección de la salud que los trabajadores que, circunstancialmente, puedan estar expuestos al amianto, y regular los límites de exposición.

Propone también propugnar la revisión del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para conseguir la prohibición del uso del amianto a nivel internacional y potenciar su sustitución, y constituir un grupo de trabajo específico que informe de las actuaciones relacionadas con esta reivindicación.

Finalmente, pide el apoyo a políticas activas de empleo que potencien la creación directa de puestos de trabajo en la manufacturación de productos alternativos, en especial en aquellos lugares donde la pérdida de puestos de trabajo se haga patente; la readaptación profesional de los trabajadores afectados; el establecimiento de ayudas económicas transitorias que fomenten la innovación de productos sustitutos y la prejubilación de trabajadores que hayan estado expuestos a los riesgos del amianto.