Junta y Gobierno pactan que el Supremo decida si deben pagarse los intereses de la Seguridad Social

El Gobierno central y la Junta despejaron ayer el bloqueo de dos asuntos técnicos de primer orden que habían conducido las relaciones entre ambas administraciones al límite de lo sostenible: el pago de los recargos de la deuda de la Administración autonómica con la Seguridad Social (SS) y la autorización de la emisión de deuda pública andaluza para los presupuestos de 1999. En el primero de los casos se acuerda aplazar el abono de los intereses de apremio a diez años, sin perjuicio de que ambas partes acepten la interpretación final del Tribunal Supremo acerca de esta cuestión, sobre la que la Junta planteará un contencioso administrativo. El tribunal podría tardar entre uno y tres años en dictaminar.

El anuncio del pacto de la deuda de la Seguridad Social se hizo a través de un comunicado conjunto al filo de las 21.00 de ayer, difundido desde el Ministerio de Trabajo, tal y como habían preparado a mediodía, en una conversación telefónica, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Trabajo y presidente regional del PP, Javier Arenas. Éste se adelantó tres horas, y aprovechó una intervención ante los medios de comunicación para dar la buena noticia. Aunque la Junta no quiso magnificar la pequeña ventaja del popular para acaparar el protagonismo, en el Ejecutivo autonómico molestó el golpe de efecto perseguido por Arenas. Según los términos del acuerdo sobre la Seguridad Social, que habrá de ser ratificado en los próximos días mediante un convenio, la Junta se compromete a pagar el principal de la deuda, "en torno a los 3.000 millones de pesetas", antes de que finalice el año, mediante compensación con las transferencias que debe abonar la SS a la Junta, con cargo al programa de actuaciones por Incapacidad Temporal, por un volumen de unos 7.000 millones. Por su parte, la SS condonará el recargo de mora, que supera los 225 millones, mientras que en relación al recargo de apremio, la SS concederá un aplazamiento a diez años. No obstante, reza el comunicado, "a la vista de las discrepante interpretación" que ambas administraciones otorgan a la normativa vigente sobre el recargo de apremio -la Junta sostiene que el artículo 26 de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía determina que no puede establecerse obligaciones de pago de apremios-, se acuerda someterla al "superior criterio" del Supremo. Sin cuantificar El comunicado conjunto no recoge la cuantía exacta del apremio que reclama la SS, de 21.447 millones de pesetas, ya que la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, asegura que este monto será cuantificado en una comisión bipartita. Álvarez mantuvo ayer en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. Horas antes, su viceconsejero, José Salgueiro, se entrevistó con el director general de la Tesorería, Julio Gómez Pomar. Sobre la inscripción registral de los edificios propiedad de la Seguridad Social -Noreña, en Córdoba; Isdabe, en Estepona (Málaga); Plaza de Candelaria y Avenida Amílcar Barca, en Cádiz- en la actualidad a nombre de la Junta, se acuerda "rectificar y corregir los errores" cometidos por el Registro de la Propiedad, de forma que se recoja que la titularidad es de la SS y el derecho de uso, de la Junta. Este punto reconoce las tesis el Ejecutivo autonómico, en contra de lo sostenido por la Delegación del Gobierno. El acuerdo estuvo precedido de cierta confusión, ya que antes de que ambas partes pactasen cada término del comunicado conjunto, el Ministerio de Trabajo envió media hora antes una nota que difería sustancialmente del pacto final, especialmente, en lo que se refiere a la polémica sobre la propiedad de los edificios. Lo mismo ocurrió con la redacción sobre el recurso al Supremo. PASA A LA PÁGINA 3