Ecologistas piden al Supremo que pare un proyecto en un área protegida

El grupo ecologista vizcaíno que ha denunciado en los tribunales la construcción de 97 pisos en una zona de especial protección paisajística ha recurrido al Tribunal Supremo para paralizar esta actuación. Según informó un portavoz del colectivo Txipio Bai, la solicitud de suspensión cautelar del proyecto, que se encuentra ya en el Ayuntamiento vizcaíno de Barrika, se ha presentado con el fin de evitar "que nos dén la razón dentro de tres años cuando los pisos estén construidos y ya no se puede hacer nada". El recurso ante el Supremo repite los argumentos esgrimidos en dos ocasiones ante el Tribunal Superior de Justicia vasco para solicitar la suspensión cautelar: la integración del área en el catálogo de espacios y enclaves naturales de interés del País Vasco de 1992 y en el de espacios naturales relevantes de 1996. Además, el avance del plan territorial del Bilbao metropolitano lo califica de área "de muy alto y especial interés ecológico". Los terrenos donde se pretende construir ocupan 19 hectáreas de las 30 del solar y son propiedad de la familia Lezama-Leguizamón, una de las más pudientes de Vizcaya. La demanda judicial interpuesta por los ecologistas relata que las normas subsidiarias del municipio de Barrika de 1987 incluían esta zona como suelo urbanizable para habilitar 349 viviendas, pero un estudio de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 1990 la declaró "suelo no urbanizable de especial protección paisajística". Pese a este informe, de carácter vinculante, el Ayuntamiento firmó un convenio dos meses después con la Diputación y el propietario, que preveía el uso residencial y la construcción de urbanizaciones, un hotel y un campo de golf. Ante ello, la comisión de Ordenación del Territorio supeditó la aprobación de las normas subsidiarias de Barrika a aceptar la declaración de especial protección en dicha área, que finalmente fue aceptada por el consistorio en junio de 1990. Modificación La situación volvió a cambiar en 1997, cuando el Ayuntamiento modificó las normas subsidiarias para recalificar la zona como urbanizable y contó con el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio "desde los aspectos de cuantificación residencial y política en materia de vivienda de protección oficial", según señala la demanda. Sin embargo, este aprobación era desconocida por la Viceconsejería de Medio Ambiente, encuadrada, como Ordenación del Territorio, en el mismo departamento que dirige Patxi Ormazabal. Medio Ambiente declaró entonces en un informe que "en evitación de daños ambientales irreparables" debería mantenerse la calificación de "suelo no urbanizable de especial protección". La consejería de Ormazabal ha declinado comentar este asunto hasta mantener una reunión con los ecologistas, que con toda seguridad se pospondrá a enero, con el nuevo Gobierno formado.