Juristas y psicólogos se oponen a que los menores declaren cara a cara con sus agresores

Jueces, fiscales, abogados, psicólogos y otros expertos se manifestaron ayer en contra de que los menores víctimas de delitos sexuales declaren en juicio cara a cara con sus agresores. Las opiniones se han producido a raíz de que una niña violada a los nueve años fuera obligada hace dos días por una sala de la Audiencia de Barcelona a declarar en presencia de sus tres agresores adultos, como consecuencia de que el abogado de los acusados invocó una sentencia del Supremo. El criterio general es que debe conciliarse el derecho de defensa con la precisa protección al niño.

La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo invocada por el letrado y de la que fue ponente el Magistrado Joaquín Martín Canivell, se dictó el 16 de junio de este año. La resolución anuló la condena de 10 años de cárcel a un padre, supuesto violador de sus dos hijas, porque la prueba testifical, "prácticamente la única" en aquel caso, no se realizó con "real contradicción". Y habrá que repetir el juicio. María Tardón, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, minoritaria y moderada, recordó que "hay otras sentencias del Supremo en sentido contrario, ya que concilian la contradicción de las partes con la preocupación para que la víctima no sufra intimidaciones debidas en su declaración". Tardón aseguró que las leyes de protección a testigos y al menor así lo preven.

Sentido común

En cambio, José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, señaló que "habrá que ver si de esa prueba depende la inocencia del acusado". En todo caso, manifestó que, junto a la sentencia del Supremo, el tribunal deberá aplicar "el sentido común para ver si es imprescindible el careo y si no se puede evitar mediante otra prueba unas diligencias que pueden reproducir el daño a la víctima menor".Más tajante, Ricardo Bodas, portavoz de Jueces para la Democracia, progresista y minoritaria, declaró: "En un caso de estas características, lo esencial es la protección del menor y garantizarle su derecho a la intimidad. La propuesta del letrado, aunque pretenda la búsqueda de la verdad material, resulta desproporcionada y puede producir perjuicios psicológicos irreversibles en el menor. Propugnamos medidas alternativas que eviten la violencia que supone para el menor carearse con aquellos a los que se imputan las violaciones".

En la misma línea, Blanca Vázquez, psicóloga de la Clínica Médico Forense de Madrid, que ha enviado al Defensor del Pueblo una relación de casos "sobre la victimización de los menores en el proceso judicial", manifestó ayer: "A los niños se les trata como adultos en aras del derecho de defensa y se produce un maltrato institucional". Vázquez aseguró que "no hay leyes especiales para niños como testigos y víctimas, mientras que sí las hay para los menores infractores".

Otro psicólogo, Javier Urra, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, manifestó que la actuación del tribunal de Barcelona "es correcta, con la ley en la mano, pero se trata de un procedimiento insensible, que exige una reforma legal". Urra propone que cuando un niño sea objeto de abusos sexuales, "el juez y el equipo judicial se trasladen a su casa para tomarle declaración" y que en los juicios "los menores no vean la cara del agresor y que el abogado no ataque al menor". Carlos Castresana, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, apunta un nuevo aspecto de la cuestión: "Además del mal trago para el menor, la tragedia es que el chantaje moral y la coacción que significa hacer declarar al menor en presencia de los acusados, conduce a la absolución de éstos. Por el contrario, es necesario que el testimonio sea vertido en condiciones de libertad para que pueda resultar convincente". Castresana cree "normal que el abogado intente la máxima defensa, pero que el tribunal acepte esa declaración de una niña es una barbaridad". El fiscal recuerda que los jueces deben tener criterio y velar por el testigo, "y más, siendo menor".

El abogado José Luis Mazón señala que la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo "ha equilibrado el derecho de defensa con el derecho a la integridad física y moral, en contra del modo rutinario e insensible en que actuó este tribunal".