Arenas amenaza a Chaves con llevar al Gobierno andaluz a los tribunales

El ministro de Trabajo, Javier Arenas, ha dado un ultimátum al presidente andaluz, Manuel Chaves: o paga la deuda que la Junta tiene con la Seguridad Social o lleva al Gobierno andaluz a los tribunales. Ésta es la última batalla de la larga guerra que libran desde hace dos años y medio el Ejecutivo central y el andaluz y que en las últimas semanas se ha recrudecido por la decisión del Ministerio de Economía de bloquear a la Junta la emisión de deuda pública prevista en los presupuestos andaluces de 1999.

Como réplica a la advertencia de Javier Arenas, presidente también del PP andaluz, Manuel Chaves ha apuntado la posibilidad de que se reedite un 28 de febrero como el de 1980, cuando Andalucía votó en referéndum ser comunidad de vía rápida junto a Cataluña o el País Vasco.La pugna Junta-Gobierno, personalizada en el duelo Chaves-Arenas, ha hecho de Andalucía un campo de batalla desde que el PP ganó las elecciones generales de 1996. Los dos últimos episodios de este enfrentamiento son un claro ejemplo de las dificultades para que ambas administraciones lleguen a acuerdos.

El Ministerio de Economía se niega a autorizar la emisión de deuda pública de la Junta para 1999: 118.382 millones de pesetas que el Ejecutivo andaluz ya ha incluido en su presupuesto. El argumento es que éste no cumple los criterios del Pacto de Estabilidad, que obliga al Gobierno central y a los autonómicos a apretarse el cinturón en la elaboración de los presupuestos y a controlar el déficit.

Esta circunstancia ha irritado especialmente a la Junta, que aduce que es la comunidad de vía rápida que menos endeudamiento per cápita tiene (136.853 pesetas por habitante), por debajo de Cataluña (242.528) o el País Vasco (179.216).

"Es un claro intento de desprestigiar a Andalucía", afirma el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que añade que en julio pasado la Junta y el Gobierno llegaron a un acuerdo sobre el endeudamiento que ha roto el segundo.

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Juan Ojeda, defiende que la "no autorización todavía" de la emisión responde a criterios "técnicos". "Si la Junta demuestra que cumple con el déficit, se le autorizará la deuda", dice. El segundo factor que ha enturbiado en las últimas semanas las relaciones entre ambas administraciones es la deuda que el Gobierno andaluz tiene con la Seguridad Social. Técnicos de la Junta y del Ministerio de Trabajo llegaron a la conclusión de que la parte básica de la deuda, lo que se denomina el principal, asciende a poco más de 3.000 millones de pesetas. No obstante, Arenas reclama a Chaves hasta 21.447 millones más por obligaciones de apremio y 228 millones más por intereses.

El Gobierno andaluz defiende que la ley autonómica de Hacienda le exime de pagar los apremios y que, por tanto, se limitará a saldar el principal. "Arenas reclama a Andalucía lo que no se atreve a exigir a otras comunidades", afirma Zarrías, que advierte de que el Gobierno central "está entrando en un camino muy peligroso" en las relaciones institucionales.

El secretario general del PP andaluz, por contra, afirma que la "Junta no puede esquivar" el pago íntegro de la deuda, que Trabajo eleva a más de 25.000 millones.

Estos dos elementos sirven para explicar las complicadas relaciones institucionales que mantienen la Junta y el Ejecutivo central desde 1996, las cuales han llegado a estar al borde de la quiebra. En este tiempo, la Junta y el PSOE se han esforzado en explicar que Madrid "margina" a Andalucía, la comunidad más importante que gobiernan los socialistas. Paralelamente, el PP ha concentrado su discurso en decir que Chaves utiliza la Junta como punta de lanza del PSOE contra el Gobierno de José María Aznar. Los dos elementos que fundamentalmente han enturbiado las conversaciones entre ambas administraciones son el sistema de financiación autonómica, que la Junta ve injusto y contrario a los intereses de Andalucía, y el no reconocimiento de la población real de la comunidad a efectos financieros, lo que se ha venido a llamar la batalla del censo.

El Gobierno central, cuando hace las cuentas de la principal partida que envía cada año a la Junta, se basa en el padrón de 1988 en vez de hacerlo en el de 1996, lo que significa que no computa a 383.179 habitantes.