Ardanza cuestiona la legalidad de que Interior sustituya a los 'ertzainas'

El Gobierno vasco se pronunciará hoy oficialmente sobre la decisión del Ministerio del Interior de intervenir en la adopción de medidas de seguridad para los 30 concejales y cargos del PP que hasta el domingo contaban todavía con escolta de la Ertzaintza. Aunque tanto el ministro como el propio presidente del Gobierno han eludido concretar en qué consisten tales medidas y no han aclarado si miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado sustituirán a los ertzainas que venían dando protección directa a los populares vascos, el consejero de Interior en funciones, José Manuel Martiarena, someterá el tema a la consideración del Gabinete integrado por PNV y EA, que todavía preside José Antonio Ardanza.La iniciativa la tomó ayer el propio lehendakari, que se dirigió al consejero para encargarle un informe exhaustivo y urgente sobre la legalidad de los planes de Mayor Oreja, en tanto que las labores de protección corresponden inicialmente a la Ertzaintza. El informe explicará en todos sus extremos la decisión tomada por la consejería, a finales de octubre, todavía bajo la dirección de Juan María Atutxa, para retirar paulatinamente la escolta a los 140 cargos del PP que la llevaban desde hace casi un año.

Ardanza pidió a Martiarena que haga constar los derroteros por los que ha transcurrido en los últimos meses la relación con el Ministerio del Interior y el propio PP para tratar la seguridad de sus cargos electos. El informe del consejero incidirá en el silencio que tanto los populares como el ministerio de Jaime Mayor han mantenido ante reuniones, información por escrito y peticiones de información cursadas desde el Ejecutivo vasco.

A su vez, el grupo socialista planteará en el Parlamento autónomo una declaración institucional contra las amenazas a cargos electos. Tanto el PP como Izquierda Unida han anunciado ya su apoyo a la iniciativa. Javier Madrazo (IU) la considera "pertinente" porque "mientras haya amenazas, coacciones y chantajes, toda la sociedad tiene que salir en defensa y solidaridad de las personas y colectivos amenazados".