Martiarena rechaza que Mayor ponga escoltas desde hoy a los cargos del PP
/ San Sebastián Los cargos públicos del PP se despidieron ayer por la tarde de los guardaespaldas de la Ertzaintza que les han custodiado desde febrero y que hoy serán sustituidos por escoltas dependientes del Ministerio del Interior. Este reemplazo en la seguridad de 30 cargos del PP en el País Vasco, confirmado ayer por el ministro Jaime Mayor Oreja, va a provocar un nuevo enfrentamiento con el Gobierno vasco, ya que el consejero José Manuel Martiarena sostiene que la seguridad ciudadana en Euskadi no le compete al ministerio.
Mayor Oreja anunció ayer que el Gobierno ya ha adoptado las medidas necesarias para reforzar la seguridad de los cargos del PP y avanzó que el partido hará lo mismo próximamente ante la retirada de las escoltas de la Ertzaintza. Esta decisión es contestada desde el Departamento vasco de Interior cuyo titular asegura que tal decisión contraviene el Estatuto de Autonomía, por lo que "hará valer su responsabilidad" y dejará claro que "eso es algo que no puede hacerse". Así lo aseguró Martiarena a este diario el pasado viernes, al tiempo que se preguntó si el ministerio ofrecerá seguridad a todo el que la pida porque tiene miedo o sólo a los miembros del PP. El sucesor de Juan María Atutxa mantiene que los cargos del PP no quedan desprotegidos porque se les supriman los escoltas, que no pueden ser utilizados como "quitamiedos", ya que se mantienen los dispositivos de vigilancia en los domicilios y lugares frecuentados por cada electo del PP.En este sentido, se remite a un episodio ocurrido hace unos días, cuando un concejal popular le advirtió a su escolta de que había visto varias veces a una persona sospechosa que a su parecer le estaba siguiendo. En efecto, así era, porque formaba parte del dispositivo de contravigilancia de la Ertzaintza.
El consejero de Interior añadió que si el Gobierno central quiere que se mantengan los escoltas de la Ertzaintza, "lo primero que tendría que hacer es explicar por qué hacen falta y son imprescindibles". "Eso es algo que nosotros le hemos pedido por escrito y a lo que no nos ha respondido".
La supresión de la seguridad personal de la Ertzaintza ha sido muy mal acogida por algunos electos, quienes además consideran un despropósito que esta cuestión se someta al público debate partidista. Los concejales donostiarras María San Gil, María José Usandizaga y Kote Villar, junto con la parlamentaria vasca María Eugenia García Rico se reunieron ayer en un céntrico bar de San Sebastián para despedirse de sus escoltas -"¡Mañana igual podemos quedar para ir a tomar unos vinos!", les emplazó una de las ediles-, antes de acudir a la Subdelegación del Gobierno, donde estaban convocados, junto con otros compañeros del PP, por el subdelegado Eduardo Ameijide.
La reunión tenía por objeto que los cargos populares supieran que desde hoy contarán con el sistema de escolta diseñado por el Ministerio del Interior y por el que se asignan dos guardaespaldas a cada representante del PP.
La edil de San Sebastián María José Usandizaga señaló: "No ha pasado nada, ni siquiera la tregua, que justifique que dejemos de tener escolta. El miedo al acoso y a las agresiones es el mismo cuando te dispones a salir de casa". Para esta concejal la tregua no despeja ninguna incertidumbre "mientras no sea definitiva".
Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, reclamó a Martiarena que rectifique su decisión y aseguró que si "algo sucede" a algún cargo del PP, el PNV "también tendrá ahora una responsabilidad", además de ETA y HB. El secretario general del PP en Euskadi, Carmelo Barrio, añadió que con la retirada de escoltas, Martiarena "hace el juego a los violentos y su estrategia de presión". El dirigente socialista Juan Manuel Eguiagaray criticó la retirada de la protección porque aún "no estamos en un momento de paz". En cambio, el vicesecretario general de Eusko Alkartasuna (EA), Rafael Larreina, tachó de "absurdo" el debate sobre los escoltas y acusó al PP y al PSOE de utilizarlo de "forma partidista".
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