¿Se puede hablar de derechos?

La reciente decisión de los gobiernos de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla-León de convocar concursos de adjudicación de licencias sobre emisoras de FM a las que vencía el plazo de concesión, plantea una serie de cuestiones que entiendo del máximo interés para los radiodifusores españoles e incluso para los radiodifusores a nivel internacional, por el precedente que ello supone sobre lo que suele ser habitual en los países de nuestro entorno.En efecto, la decisión de los responsables de dichas Comunidades Autónomas otorga el mismo tratamiento a las emisoras de nueva creación que a las emisoras antiguas a las que ahora vence el plazo para el que fueron concedidas, es decir, considero que todas ellas deben ser objeto de nueva concesión sobre las mismas bases y sobre los mismos presupuestos.

Esta decisión rompe lo que venía siendo habitual y lo que es práctica consagrada, tanto a nivel nacional como internacional, y que se concreta en la renovación automática e inmediata de las concesiones de radio a las que vence el plazo de concesión, siempre y cuando no haya mediado infracción grave de las condiciones de la concesión. Práctica consagrada que viene abonada por argumentos de todo tipo, jurídicos y económicos, que fundamentan lo que parece claro desde la simple óptica del sentido común: que no puede ser tratada de la misma forma una emisora de nuevo cuño, cuya concesión se otorga por primera vez, que otra que lleva 10, 20, 30 años, e incluso 70 en las emisoras más antiguas del espectro radiofónico español, cumpliendo correctamente con su función y vocación de radiodifusor.

Y es que todo el mundo comprende que las emisoras de nueva creación deben ser ofertadas libremente en los procesos de licitación de nuevas emisoras a cuantos sientan vocación radiofónica. Las frecuencias radiofónicas son un bien escaso y todo el mundo debe tener oportunidad de presentarse a los concursos y resultar adjudicatario, siempre que su oferta mejore los parámetros de los restantes licitadores. Se ejercita así la igualdad de oportunidades y se refuerza la libertad de expresión a través de la aparición de nuevas voces en el dial radiofónico, que se añaden a las ya existentes, ampliando el abanico de las ofertas informativas plurales que los ciudadanos deben recibir y entre las que deben ejercitar sus opciones.

Sin embargo, es asimismo perfectamente entendible que otro es el caso de las emisoras que fueron concedidas en su día, que llevan años o décadas ejerciendo como radiodifusores, y a las que ahora vence el plazo de su concesión.

En estas emisoras, en efecto, existe ya un conjunto de intereses que están en juego y que deben ser protegidos.

En primer lugar, los intereses de los oyentes, que son los prioritarios para los radiodifusores, oyentes que llevan años eligiendo libremente en el dial su emisora, y a los que una decisión no renovatoria les llevaría a perder su libre y diaria opción. En este caso, entiendo que el mismo principio de defensa de la libertad de expresión que cubre a los aspirantes a nuevos radiodifusores cubre también el derecho de los antiguos a que su voz siga siendo oída, y libremente seleccionada.

En segundo lugar, los intereses de los radiodifusores como profesionales de la información, que desean seguir cumpliendo su función de informar, educar y entretener a los oyentes, tal y como vienen ejerciendo durante años.

Seguidamente están los intereses de las empresas de radiodifusión que realizan de forma constante inversiones en renovación tecnológica que deben ser amortizadas y rentabilizadas adecuadamente, y que se verían seriamente en peligro si se comprueba que el fin del plazo de la concesión puede significar la pérdida de sus inversiones.

Piénsese en el efecto disuasorio que tal práctica tendría para cualquier nuevo aspirante a radiodifusor si las reglas de juego significaran la posible pérdida de sus inversiones, aunque hayan cumplido con todas las condiciones de la concesión y servido correctamente su función social.

Piénsese también en la actitud de los radiodifusores ante las grandes y nuevas inversiones que vienen requeridas por el gran reto que supone la nueva tecnología digital, inversiones que necesitan plazos de amortización superiores a los diez años.

Intereses, por último, de los profesionales y trabajadores de las emisoras cuyo trabajo necesita estabilidad y fiabilidad en el horizonte temporal de su trabajo.

Todos estos intereses, que deben ser protegidos, fundamentan el tratamiento preferencial que estas emisoras deben tener a la hora de su renovación, e incluso fundamentan plazos más largos de los de diez años actualmente en vigor, habiendo incluso opiniones, como las de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que entiende que deben tener carácter indefinido, que sólo debe ser roto si media falta grave de las condiciones establecidas.

En cualquier caso, hoy, en España, entendemos que se debe continuar con el criterio de la renovación automática, eludiendo además el permanente estado de condicionamiento que supondría el que los radiodifusores vivieran las renovaciones con zozobra, en medio de criterios que pueden estar motivados por razones políticas, con premiados y castigados, antes que por razones profesionales. Ésta es la práctica y la doctrina a nivel internacional. Así, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), antes mencionada, que representa a más de 17.000 emisoras de radio y televisión de las Américas y Europa, ha declarado expresamente, fundada en la Base X de su Legislación Uniforme, que "las licencias se otorgarán por tiempo indeterminado o, en todo caso, por el mayor término que autoricen los textos constitucionales, a fin de amparar el adecuado desarrollo de las radiodifusoras y garantizar las inversiones realizadas. Cuando las licencias sean otorgadas por tiempo determinado, el titular tendrá, en principio, derecho de preferencia para la renovación de dicha licencia por igual término".

Una radioemisora es hoy una organización de medios técnicos, de capitales y de conocimientos tan vasta como complicada, para que nadie intente establecerla sin la razonable seguridad de que podrá continuar operándola, en tanto atienda correctamente las obligaciones que, al "salir al aire", asume frente al pueblo. Pero es, además, un instrumento para el ejercicio de la Libertad de Expresión del Pensamiento, y no podrá exigírsele independencia de acción, si está permanentemente sometida al riesgo de que se le cancele su autorización para operar.

Esta Base X requiere que las licencias sean otorgadas por los plazos más largos que autoricen, en cada país, las disposiciones constitucionales vigentes, y por ello es que ella pretende que, al cabo de ese plazo, se reconozca a quien ha cumplido correctamente su misión como radioemisor, un derecho preferencial a seguir operando por un plazo igual al de la licencia original".

Por último, la Asociación Europea de Radio (AER), que reúne a 5.000 de las 8.000 emisoras privadas existentes en Europa, pertenecientes a nueve países europeos, entiende que "se debe dar prioridad absoluta a la renovación inmediata de sus licencias a los radiodifusores existentes en todos los casos en que no haya mediado violación grave de las condiciones de la concesión".

Añade la AER que "sería, en efecto, incomprensible que el cierto clima de tolerancia con muchas emisoras ilegales, cuya existencia ilegal en algún caso se pretende cubrir con el manto de la libertad de expresión, se agrave ahora con la posible interrupción en su función social de cualquier radiodifusor que lleva años cumpliendo en la legalidad con todos sus deberes y obligaciones, y que la Asociación Europea de Radio entiende que lo que hace es sencillamente reclamar sus derechos".