La única ley "verde" que puede aprobar Zaplana antes del final de la legislatura es la de residuos

Poco tiempo le queda al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para demostrar su sensibilidad medioambiental en materia legislativa. Se acercan las elecciones autonómicas y el presidente tendrá que disolver las Cortes a mediados de abril. Le quedan por tanto poco más de cuatro meses para sacar adelante alguna de las leyes verdes que prometió al principio de la legislatura. Así, en septiembre de 1996 anunció una batería de propuestas legislativas (hasta 19 normas) entre las que incluyó la ley de contaminación acústica, la de residuos y la reforma de la ley forestal socialista. Luego presentó el proyecto de ley de caza. Sin embargo, sólo una, y con bastantes apuros, puede llegar a tiempo: la de las basuras.

Agotados tres años y medio de esta legislatura, los diputados de las Cortes Valencianas todavía no han podido saborear ninguna norma medioambiental. Los parlamentarios de la oposición en la Comisión de Medio Ambiente tienen una continua sensación de pérdida de tiempo: los partidos coaligados en el Gobierno, Unión Valenciana y Partido Popular, no sólo no presentan ninguna iniciativa parlamentaria sino que rechazan sistemáticamente la inmensa mayoría de las proposiciones no de ley que aportan los partidos de la izquierda. Incluso se batió un récord oficioso: más de año y medio y 40 proposiciones rechazadas para que una consiguiese prosperar. Entretanto, el Consell ha ido presentando, sobre todo a lo largo del último año, varios proyectos de ley con marcado carácter medioambiental, aunque muy probablemente habrá que esperar a la próxima legislatura para que el catálogo de normas verdes se vea ampliado y el medio ambiente valenciano tenga más garantías de protección. Entre las promesas de Zaplana figuraban una novedosa ley para combatir los ruidos, otra para dar una solución a las basuras y una reforma de la reciente Ley Forestal, aprobada por los socialistas en diciembre de 1993. La primera norma en lanzarse fue el anteproyecto de ley de Residuos de la Comunidad Valenciana, cuyo borrador presentó el consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, en octubre de 1997. Se trataba de un borrador ambicioso que pretendía solucionar de una vez por todas el enquistado problema de las basuras. Sin embargo, el definitivo proyecto de ley, aprobado por el Consell la semana pasada, ha sufrido unas sustanciales modificaciones que impiden al Consell tomar las riendas de la gestión tal y como apuntaba el borrador inicial. Así, el borrador normativo declaraba "de servicio público de la Generalitat" el tratamiento, la valorización y la eliminación de los residuos. Chocaba de esta forma frontalmente el borrador de Castellá con la ley de Bases del Régimen Local, que reserva a la competencia municipal tanto la recogida como el transporte y la gestión de las basuras. Confiaban Zaplana y Castellá que la ley estatal que preparaba el Ministerio de Medio Ambiente (aprobada en el Congreso en abril pasado) refrendara este cambio. No fue así, y la ley de Zaplana, que rellena un hueco sustancial en la legislación valenciana, no podrá constituirse en una herramienta definitiva en el tema de los detritos. Aun así, aunque el pleno del Consell aprobará finalmente mañana, tal y como está previsto, enviar a las Cortes el definitivo proyecto, los diputados difícilmente podrían debatir antes de mediados de abril (cuando está prevista la disolución de la Cámara) la ley, ya que las sesiones parlamentarias no se reanudarán hasta principios de febrero. Es decir, sólo si la voluntad política de Zaplana y la agenda parlamentaria se alían en tiempo y en forma el presidente podrá acabar su primer mandato con un uno en su casillero de normas verdes aprobadas. Ya fuera de tiempo queda la Ley de Caza, cuyo borrador fue presentado por la Consejería de Medio Ambiente en junio pasado. El esbozo legal, si se hubiese aprobado, convertiría a la Comunidad Valenciana en la quinta autonomía en implantar el carné del cazador, un examen obligatorio para noveles amantes del arte cinegético y para venadores que lleven más de cinco años sin pegar un tiro. Las críticas que recibió la ley destacaban que ésta regula pero no prohíbe el parany (la caza de pájaros mediante un pegamento), considerado por los ecologistas como "cruel, masivo y no selectivo". También con borrador del anteproyecto normativo, pero sin posibilidad de llegar a Cortes, se encuentra la ley de Protección contra la Contaminación Acústica, presentada en febrero pasado y que prevé multas de hasta 10 millones de pesetas para los infractores que superen los niveles de ruido establecidos.