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Ecologistas denuncian la construcción de 97 pisos en un área de especial protección

El grupo ecologista vizcaíno Txipio Bai ha denunciado en los tribunales el proyecto de construcción de 97 viviendas en una zona declarada por el Gobierno vasco de "especial protección paisajística", en el municipio de Barrika. La promoción urbanística ya la planteó el Ayuntamiento hace 10 años, pero la rechazó el Ejecutivo autónomo. A finales del pasado año, la comisión de Ordenación del Territorio dio el visto bueno sin el conocimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que mantiene el criterio de proteger la zona.

El área, cerca de 19 hectáreas, fue declarada urbanizable por el Ayuntamiento de Barrika a principios de 1997 y aprobada este año por la Diputación de Vizcaya. Los terrenos forman parte de una superficie de más de 30 hectáreas propiedad de la familia Lezama-Leguizamón, de las más pudientes de la provincia, que además aparece como promotora del proyecto. Las zonas recalificadas se encuentran en sus dos extremos, lo que es una estrategia, según la denuncia. "Hubiera sido demasiado evidente recalificar todo el sector. El paso siguiente será unir ambos por un vial, para finalmente recalificar el resto del sector", expresan en su recurso al Tribunal Superior. Esta zona está integrada en el catálogo de espacios y enclaves naturales de interés del País Vasco de 1992 y en el de espacios naturales relevantes de 1996. El avance del plan territorial del Bilbao metropolitano la califica de área "de muy alto y especial interés ecológico". La demanda judicial interpuesta relata que las normas subsidiarias de Barrika de 1997 incluían esta zona como suelo urbanizable para habilitar 349 viviendas, pero un estudio de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 1990 la declaró "suelo no urbanizable de especial protección paisajística". Pese a este informe, de carácter vinculante, el Ayuntamiento firmó un convenio, dos meses después, con la Diputación y el propietario que preveía el uso residencial y la construcción de urbanizaciones, un hotel y un campo de golf. Ante ello, la comisión de Ordenación del Territorio supeditó la aprobación de las normas subsidiarias de Barrika a aceptar la declaración de especial protección a dicha área, que finalmente fue aceptada por el consistorio en junio de 1990. La situación volvió a cambiar en 1997, cuando el Ayuntamiento modificó las normas subsidiarias para recalificar la zona como urbanizable y contó con el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio "desde los aspectos de cuantificación residencial y política en materia de vivienda protección oficial", según señala la demanda. Txipio Bai, que ha presentado ya dos recursos pidiendo la suspensión cautelar del proyecto, contactó tras el verano con la Viceconsejería de Medio Ambiente, que desconocía el visto bueno otorgado por el área de Ordenación, encuadrado en el mismo departamento. En un informe declara que "en evitación de daños ambientales irreparables" debería mantenerse la calificación de "suelo no urbanizable de especial protección". Un portavoz del grupo ecologista aseguró que está pendiente de una reunión con el consejero Patxi Ormazabal. Según las fuentes consultadas, si el Gobierno parase el proyecto se debería aportar algún tipo de indemnización a los propietarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de diciembre de 1998

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