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Empleo pide a la CEV el reintegro de las ayudas a la formación sin justificar desde 1993 a 1995

La Consejería de Empleo reclama a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) la devolución de parte de las subvenciones concedidas entre 1993 y 1995 para la realización de cursos de formación profesional ocupacional y continua por supuestas irregularidades en su justificación. [EN] Empleo pide también a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev) el abono de los fondos destinados a la formación continua en 1993. Este proceso se añade a los abiertos por el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.

La patronal de Valencia no gana para sobresaltos. La Consejería de Empleo, Industria y Comercio abrió el pasado octubre cinco expedientes a la CEV en los que le reclama la devolución de las subvenciones no justificadas y recibidas entre 1993 y 1995 para organizar cursos de formación ocupacional y continua. A Cepymev sólo le pide que devuelva las ayudas a la formación continua correspondientes al año 1993. La Generalitat inicia este proceso tras recibir el 24 de abril un informe de la Inspección de Trabajo de Valencia donde se apunta que la patronal duplicó facturas. Es decir, una misma factura sirvió para justificar diferentes subvenciones, entre ellas, las concedidas por la Generalitat. El 30 de abril la Consejería de Empleo remitió la documentación a la Fiscalía de Valencia ante la existencia de un supuesto delito. Seis meses después de aquella actuación, Empleo inició el pasado octubre el proceso administrativo solicitando la devolución del dinero. El departamento que encabeza Diego Such se ha dirigido a las consejerías de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, al Impiva y a la Dirección General de Comercio para contrastar la duplicidad de facturas. Alegaciones de la patronal Ni la patronal ni la Administración valenciana concretaron ayer a cuánto asciende el reintegro -"está todavía por cuantificar", señalaron en Empleo-, si bien fuentes de la investigación apuntan que la Generalitat podría reclamar la totalidad de los fondos concedidos en los tres años fiscalizados (más de 700 millones de pesetas) de acuerdo con la orden de la Consejería de Empleo que regula el uso de estas subvenciones. Empleo está facultada para exigir la devolución íntegra de las ayudas públicas si los cursos no están bien justificados o se detecta alguna otra irregularidad. El secretario general de la CEV, Pedro Coca, manifestó ayer que la Generalitat les notificó la apertura de los expedientes el 29 de octubre y que la patronal presentó sus alegaciones el 10 de noviembre. Entre otras cuestiones, la CEV solicita, a la vista de que existen otras investigaciones sobre el uso de estas subvenciones, que se acumulen en una sola. Según Pedro Coca, no se pueden abrir dos vías paralelas porque se podría duplicar la reclamación del dinero. La organización empresarial propone que se suspenda el proceso de reintegro hasta que el Tribunal de Cuentas concluya su proceso fiscalizador. En el capítulo final, los actuales responsables de la CEV reiteran "su disposición" a colaborar con la Administración para aclarar el caso, que se produjo durante la etapa en que José María Jiménez de Laiglesia presidía la patronal de Valencia y Luis Espinosa, actual alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ocupaba la secretaría general. La actuación de la Generalitat se añade a las iniciadas por el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. En todas estas instancias se investiga la supuesta utilización irregular de las subvenciones a la formación por parte de CEV y Cepymev. Es el caso del proceso que sigue el Tribunal de Cuentas, responsable de fiscalizar el uso de fondos públicos. Este organismo inició el pasado noviembre un "juicio de cuentas" en el que pide a la CEV la devolución de 191 millones de pesetas de ayudas recibidas entre 1993 y 1995 de la Fundación para la Formación Profesional Continua (Forcem). En su informe anual, el citado tribunal detalla las supuestas irregularidades cometidas por la patronal valenciana y, por esta causa, decide trasladarlas unas semanas después a la Fiscalía Anticorrupción "al encontrarnos ante la existencia de un presunto hecho delictivo", argumenta el organismo fiscalizador. El tercer proceso, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, se abrió a instancias de la Generalitat cuando ésta decidió remitir a la Fiscalía de Valencia el informe de la Inspección de Trabajo en abril pasado por si los hechos descritos eran constitutivos de delito contra la Hacienda Pública. Previamente a la apertura de estos cuatro procesos ahora en curso, dos juzgados de Valencia archivaron, por la prescripción del supuesto delito, una denuncia por falsificación de documento contra la CEV, relacionada con los cursos de formación.

Cuatro investigaciones para un caso

El procedimiento de carácter extralegal (fuera del ámbito de la justicia) iniciado por la Administración valenciana para reclamar a la CEV el dinero de los fondos de formación utilizado de manera irregular viene a sumarse a las otras tres investigaciones -algunas muy avanzadas- abiertas respecto al mismo tema. De hecho, incluso los actuales gestores de la CEV -las supuestas ilegalidades se cometieron bajo el mandato de otros patronos- se hacen una pregunta: ¿No coinciden muchas investigaciones en un mismo caso?. La respuesta es afirmativa. Fuentes jurídicas aseguran que las pesquisas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción colisionan directamente con la iniciada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, ya que la legislación española establece, de manera clara, que la acusación pública no es competente para investigar un caso del que ya entiende un juez instructor. Por ello, según las mencionadas fuentes, se abren tres posibilidades en la vía penal. Una es que la Fiscalía Anticorrupción se inhiba en favor del juez de Valencia. La segunda consiste en que Anticorrupción traslade todas sus actuaciones a la Audiencia Nacional, ya que sus pesquisas no se limitan a las supuestas ilegalidades cometidas en la CEV y, por contra, sí salpican a organizaciones radicadas en diferentes autonomías. Un juzgado central (es decir, la Audiencia Nacional) es la única instancia autorizada para investigar delitos cometidos en distintas partes de España. Y la tercera, y más improbable, es que Anticorrupcion no vea relación entre los delitos investigados en diferentes territorios y desgaje la causa en varias piezas separadas. Más complejo aún, si ello es posible, resulta dilucidar a qué entidad compete reclamar por vía administrativalos fondos utilizados indebidamente. Su distinta procedencia (la Unión Europea, el Estado o la Generalitat, según los casos), las amplias prerrogativas del Tribunal de Cuentas en esta materia y la lógica y hasta inexcusable pretensión de la Administración valenciana, que pretende recuperar el dinero supuestamente malversado, complican este embrollo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de diciembre de 1998

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