La Diputación de Vizcaya afirma que un auto judicial dejará sin trabajo a un centenar de empleados forales

La Diputación de Vizcaya afirmó ayer que un centenar de trabajadores interinos deberá dejar su puesto por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que obliga a sacar sus plazas a concurso. El alto tribunal había dictado hace tres años la sentencia de anulación de la oferta de empleo de 1993 y estima que la Diputación puede haber cometido un delito desobediencia por no haber convocado aún el concurso. Fuentes sindicales negaron que vayan a producirse despidos y consideraron "que la mayoría de los afectados tendrán otros puestos".

Desde la aprobación en 1990 de la primera relación de puestos de trabajo, que es el instrumento para fijar y organizar la plantilla de las instituciones públicas y determinar su estructura funcional, los recursos judiciales de los trabajadores contra decisiones de la Diputación de Vizcaya han sido continuos. Los datos aportados el pasado año por el diputado de Presidencia, José Luis Bilbao, los cifraban en 730, de los que el 85% no han prosperado. Hasta hace poco las resoluciones se habían dictado sobre acuerdos salariales o relaciones de puestos de trabajo concretas. Sin embargo, el último episodio se ha convertido en el más importante. En un auto fechado el pasado 11 de noviembre, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior obliga a la Diputación a cumplir una sentencia emitida en 1996, por la que se anulaba la oferta de empleo público de 1993 de un centenar de plazas, por no haberse impulsado un concurso de promoción interna entre el funcionariado. Tras convocar la institución foral otro concurso, el TSJPV volvió a anularlo al entender que la oposición de bía estar abierta a funcionarios de cualquier lugar de España. Desde entonces ha habido varios recursos que han llegado al Tribunal Supremo -que debe pronunciarse sobre este asunto- y finalmente el auto del mes pasado. Esta última resolución indica también que la Diputación vizcaína ha podido cometer un "delito de desobediencia" por no haber convocado el concurso para la provisión de este centenar de plazas y, por ello, ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Superior que investigue este posible delito. La Diputación emitió ayer una nota ante las "graves consecuencias" del auto judicial y anunció la ejecución de la sentencia que "supondrá previsiblemente que un centenar de trabajadores interinos deban abandonar sus puestos de trabajo, con las consecuencias de todo tipo que este hecho tendrá tanto en ellos como en sus familias". Así mismo, negó el delito de desobediencia, puesto que "entendíamos que la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo suspendía la ejecución de la sentencia". La institución foral señala que en su contestación precisó que, "si la sala así no lo entendía, la Diputación procedería a dar cumplimiento al fallo". A su juicio, la Sala de lo Contencioso tendría que haber denunciado la desobediencia en el juzgado de guardia, sin "escudarse en la figura de deducir testimonio ante la Fiscalía, una solución de indudable impacto mediático pero de cuestionable viabilidad procesal". Precisamente, las resoluciones de la Sala de lo Contencioso han provocado fuertes choques con la Diputación. A principios de año, el diputado de Presidencia criticó duramente a este tribunal, acusándole de colocar a la institución foral en una posición de inseguridad jurídica, y sugirió que uno de sus magistrados, Juan Luis Ibarra, se movía por intereses políticos por el hecho de que ocupó un cargo técnico en el Ministerio de Justicia durante la etapa del ministro socialista Juan Alberto Belloch. Revuelo interno La difusión del auto creó un auténtico revuelo entre los trabajadores forales. Responsables del Departamento de Presidencia se reunieron ayer con todos los jefes de servicio para informarles del auto y analizar las plazas afectadas. El sindicato UGT descartó que se vayan a producir bajas "antes de fin de año, como se está diciendo". "Primero habrá que ver las plazas que salgan a concurso y las bases", señaló un portavoz. A su juicio, la apertura de la convocatoria a funcionarios de fuera de Euskadi apenas tendrá incidencia. "La experiencia en otras administraciones nos dice que estas plazas serán ocupadas por funcionarios de la Diputación, cuyos puestos que queden libres pueden ser ocupados por estos interinos afectados. En cualquier caso, hasta que el concurso se realice, los puestos se mantienen". La Diputación está pendiente de ser citada por el Tribunal Superior para que le notifique cómo y cuándo se realizará el concurso. Bilbao comparecerá este mes ante las Juntas Generales para explicar la situación.