El 95% de los contratos suscritos en el Ayuntamiento de Bilbao incumple la ley

El funcionamiento interno del Ayuntamiento de Bilbao se adecúa "razonablemente" a la ley pero presenta deficiencias en materia de contratación, según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) referido a 1995. De los 21 contratos analizados, que totalizan casi 5.300 millones de pesetas, 20 presentan alguna anomalía. El informe destaca la actitud de la sociedad urbanística municipal Surbisa, que "limita la publicidad en la contratación" a un grupo de constructores vizcaínos.

El consistorio bilbaíno confirma la mala costumbre de la mayoría de ayuntamientos y diputaciones en el proceso de contratación de proyectos, en los que las anomalías se repiten año tras año. En el último informe del TVCP sobre la Diputación vizcaína, las irregularidades aparecían en más de la mitad de los contratos examinados, algunos de ellos con seis irregularidades diferentes. El último estudio fiscalizador de Bilbao ha detectado hasta nueve deficiencias en una urbanización en el barrio de Otxarkoaga, la mayoría de ellas sobre la ejecución del proyecto. La anomalía más común es, sin embargo, por cuestiones formales: la existencia de pliegos administrativos sin firmar por parte de las empresas adjudicatarias de las obras, que se repite en 15 de los 21 expedientes. El Tribunal de Cuentas detecta, como deficiencias más importantes, el fraccionamiento indebido de las obras en tres expedientes por valor de 239 millones, la falta o tardía fiscalización del interventor en otros dos casos o la ampliación de la partida económica prevista en dos contratos de equipamientos, "lo que supone un 59% y un 56% de los importes inicialmente aprobados". El estudio fiscalizador se detiene en la actuación de Surbisa, la sociedad municipal que se dedica a la rehabilitación urbanística en las zonas más degradadas de Bilbao. "Limita la publicidad en la contratación de obras a la comunicación dirigida a una asociación de constructores vizcaínos y a un determinado número de contratistas, en contra de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas" [sobre publicidad], señala. El Tribunal Vasco de Cuentas considera que "no existen criterios de adjudicación formalizados en los expedientes que permitan comprobar la objetividad de la misma". En los tres contratos de Surbisa analizados en el informe, se observa que incrementos de precios debido a imprevistos "no fueron autorizados". En el caso de la rehabilitación de la iglesia de la Merced, que costó más de 250 millones, "las obras se fragmentaron en dos fases sin que fueran susceptibles de aprovechamiento independiente, resultando adjudicatario el mismo contratista". Y en la rehabilitación de un centro municipal, con un coste de 150 millones, "se aprobaron ampliaciones de obra una vez vencido el plazo de la obra principal", dice el informe.