Temeridad municipal
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso interpuesto por la agrupación municipal Iniciativa Cuidadana Vasca (ICV) contra el decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao por el que se desestimaban los ceses y nombramientos de consejeros de esta agrupación en los Consejos de Distrito, solicitados el 13 de junio y 17 de setiembre del mismo año. El fallo estima en lo sustancial el recurso y declara disconforme a Derecho y anula dicho acto, poniendo punto y final a un debate que ha dado lugar a no pocas discusiones y enfrentamientos entre los grupos municipales durante la celebración de las sesiones plenarias de los dos últimos años. Todo ello fruto del inexplicable empecinamiento que ha guiado la actuación normativa del partido que ostenta la Alcaldía, consistente en reformar el precepto del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) por el que se garantiza el derecho de todos los grupos municipales a participar en los órganos de gobierno de los organismos y empresas mercantiles de titularidad exclusivamente municipal. Esa modificación, con vigencia a partir del 2 de agosto de 1996, afectó al artículo 44.4 del ROM y tenía un objetivo muy claro: permitir que el grupo mixto, constituido por los concejales tránsfugas de ICV con carácter sobrevenido, como consecuencia de la escisión experimentada en el seno de esta agrupación, obtuviera representación no sólo en los consejos de empresas paramunicipales, sino también en los escolares y en todos y cada uno de los consejos de distrito. Algo que lejos de responder a la vocación del entonces equipo de gobierno por hacer plenamente democrática y participativa la gestión de los "parlamentos de barrio", pretendía dotar tanto de cobertura de medios -con personal administrativo a su servicio y retribuciones de seis millones anuales por concejal liberado» como representativa a corporativos disidentes que éticamente no merecían, ni merecen, ningún tipo de consideración. Lo que los ciudadanos debieran saber es que aquella irrespetuosa y desconsiderada actitud adoptada por los partidos integrantes del equipo municipal de gobierno, calificada ahora de "temeraria" en sus conclusiones por el TSJPV, además de perseguir obsesivamente el debilitamiento de ICV resultó ser el detonante de la crisis que dio lugar a la ulterior ruptura del pacto de gobierno PNV-PP, algo que este consejero no duda que sabrá valorar el electorado a la hora de decidir sobre la utilidad de su voto cara a las próximas elecciones municipales y forales de junio de 1999.
