Insulza busca el respaldo de España para que Londres devuelva a Pinochet a Chile

El jefe de la diplomacia chilena, José Miguel Insulza, llegó ayer a Madrid, procedente de Londres, con el propósito de convencer a las autoridades españolas de la conveniencia de que el ex dictador Augusto Pinochet sea devuelto a su país, con la vaga promesa de que sería juzgado allí por sus crímenes, en vez de extraditado a España. La agenda de Insulza durante su breve estancia en España resulta tan apretada como inútil, pues el futuro del general no está en manos del Gobierno español sino del británico, y parece dirigida al consumo de la opinión pública chilena más que a obtener resultados prácticos.

El propio ministro chileno reconoció a su llegada al aeropuerto de Barajas, a primera hora de la tarde, que no tenía "ninguna expectativa inmediata" sobre el resultado de su visita a España, que calificó de "informativa".La lista de entrevistas concertadas por Insulza durante sus menos de 48 horas en Madrid resulta espectacular: ayer se reunió con el presidente del Congreso, Federico Trillo; el ministro de Defensa, Eduardo Serra; el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, y el candidato socialista a la Presidencia, José Borrell. Hoy será recibido por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Luis López Guerra; el presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero; los ministros de Asuntos Exteriores e Interior, Abel Matutes y Jaime Mayor Oreja; el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, y el presidente José María Aznar.

El problema radica en que la mayoría de los interlocutores de Insulza apenas pueden hacer algo más que expresarle su comprensión ante los problemas que el proceso abierto en España contra el ex dictador pueda causar a la democracia chilena. Según las fuentes consultadas, el margen de maniobra del Gobierno español, una vez tramitada la petición de extradición, es mínimo. Su retirada, teóricamente posible, causaría un escándalo internacional y sólo podría justificarse si surgieran elementos nuevos que diesen un vuelco al proceso.

Frialdad británica

La llave del caso está en manos de Londres, donde las demandas de Insulza fueron acogidas oficialmente con frialdad. El ministro británico de Defensa, George Robertson, con quien se entrevistó antes de volar a Madrid, se limitó a recordarle que la concesión de la extradición depende de su compañero de Interior, Jack Straw, y no será sometida a debate en el seno del Gabinete.Otra cuestión es la actitud que adoptaría el Gobierno español si Londres accediera a devolver al general a su país, alegando razones humanitarias y con la promesa de que allí deberá responder de sus crímenes, lo que resulta cuanto menos problemático, dada su condición de senador vitalicio.

Aunque el beneplácito de Madrid facilitaría a Tony Blair la adopción de esta polémica medida, Insulza no tenía necesidad de desplegar tan intensa actividad para lograrlo, pues fuentes oficiales admiten que nada desearía más el Gobierno español que ahorrarse la celebración de un juicio a Pinochet en España.

El propio José María Aznar declaró ayer en Vilamoura (Portugal), al término de la cumbre hispano-lusa, que aceptará la decisión que adopte el día 11 Straw, tanto si concede la extradición de Pinochet como si la niega. "Cuando el Gobierno británico tome su decisión, la posición del Ejecutivo español seguirá siendo la misma, la de ajustarse a lo que determine la Justicia española", afirmó.

Las gestiones del responsable de la diplomacia chilena parecían orientadas más bien a la opinión pública interna y, en especial, a los militares, quienes han acusado al Gobierno de no defender con bastante energía la inmunidad de su ex comandante en jefe. Insulza insistió ayer en Madrid en las declaraciones que hizo en Londres, donde dijo que Pinochet no tendría un juicio justo en España, pues Garzón ya lo ha condenado. Matizó sus palabras, argumentando que el ambiente político existente en España "no es favorable" a Pinochet y puede condicionar a los jueces, pese a su deseo de imparcialidad. No dijo si la situación de Chile es la adecuada para un juicio de estas características.

La más importante de las entrevistas celebradas ayer en Madrid por Insulza es la que mantuvo con Eduardo Serra, pues la Marina chilena ha amenazado con excluir a la empresa española Bazán de la compra de dos submarinos por 60.000 millones de pesetas. El Ministerio de Defensa difundió una nota en la que aseguraba que no se habló sobre este contrato ni otros en ciernes, lo que resulta tan sorprendente como poco creíble.