Gestión sin licencia

El casino de La Vila Joiosa ha vivido una ruinosa trayectoria tributaria desde 1994, cuando sus responsables dejaron de cumplir las obligaciones fiscales que trimestralmente gravan hasta un 55% del importe que se juega. La Agencia Estatal Tributaria actuó como brazo ejecutor de la Hacienda valenciana cuando las deudas acumuladas ascendían a unos 1.400 millones de pesetas. La opción fue convocar una subasta de los bienes de la sociedad, divididos en dos fincas urbanas y un edificio con una superficie construida de unos 10.000 metros cuadrados. Ambos lotes salían a pública subasta por un montante total ligeramente superior a los 700 millones de pesetas. El problema de la subasta de los bienes es que no llevaba aparejada la concesión automática de la licencia de explotación, preceptiva para gestionar la sala de juegos. La consejería de Hacienda decidió anular la subasta un día antes de su celebración, a finales de febrero del año pasado, para intervenir la caja del casino. Tres inspectores de Hacienda controlan la recaudación diaria desde entonces para mantener los salarios del personal, los pagos a proveedores y cubrir la deuda en la medida de lo posible. Pero año y medio después de la intervención, la deuda acumulada con Hacienda ronda los dos mil millones de pesetas, sin tener en cuenta las cuotas pendientes con el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, que ha dejado de percibir el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas. La solución que baraja Hacienda en la actualidad y que será debatida esta semana por la comisión técnica del juego prevé hacer coincidir en el tiempo la subasta de los bienes inmuebles del casino con un segundo concurso para adjudicar la licencia. El concurso genérico para la "autorización de una licencia de explotación de un casino de juego en la Comunidad Valenciana" viene inmediatamente restringido por el anexo correspondiente de la orden que ha elaborado Hacienda. El primer punto establece que el concurso público refiere "a la autorización de instalación y explotación de un casino de juego en la partida Atalayes", en el término municipal de La Vila Joiosa con mención expresa de las fincas correspondientes "en las que desarrolla su actividad la mercantil Casino Costa Blanca, SA". Entre los requisitos que se exigen a las sociedades licitadoras se establece "que su objeto social, único y exclusivo" sea la explotación del casino de juego objeto de la convocatoria y de sus servicios complementarios, como restaurante o sala de fiestas. Las sociedades deben desembolsar un capital de 1.000 millones. Pero el encaje administrativo y tributario aparece a la hora de presentar las solicitudes. Es condición imprescindible presentar "justificante de la participación en el concurso de enajenación, en fase de apremio, de los inmuebles donde acualmente desarrolla su actividad de juego la mercantil Costablanca, SA". También se exige un "documento en el que conste la estimación de la plantilla de trabajadores que habrá de prestar servicios en el casino, con expresa indicación de las distintas categorías y puestos de trabajo de la misma" y otros relativos a las instalaciones, que reproducen fielmente el actual edificio. Para otorgar la autorización, las bases del concurso establecen taxativamente que se tendrá en cuenta "el resultado del concurso ejecutivo de enajenación de los inmuebles de Casino Costablanca, SA". Los dos procedimientos son paralelos pero tienen tiempos diferentes. La convocatoria del concurso de autorización de la subasta debe ser efectiva dos meses antes de su adjudicación y es previsible que sea objeto de recurso de parte de los actuales tenedores de la misma. La subasta ejecutiva de los bienes, que paradójicamente es la que provoca la necesidad de convocar el concurso para autorizar la licencia, tiene unos plazos más breves y se convocará con posterioridad. Hacienda asegura que sólo persigue mantener los puestos de trabajo que atienden en la actualidad las instalaciones del casino, cerca de 140, y adjudicar los bienes y la licencia, a ser posible, en un acto administrativo único. Los responsables del comité de empresa del casino se muestran conformes con la propuesta de Hacienda.