Reaccionar a tiempo

Desde que en el verano de 1977 se inició el debate parlamentario sobre la Constitución, no ha habido ni una sola ocasión en la que el nacionalismo catalán haya pretendido conseguir algo de manera exclusiva para Cataluña, es decir, algo a lo que no tuvieran acceso las demás comunidades autónomas. En las actas del debate constituyente hay buena prueba de ello, como también las hay en las actas del Congreso de los Diputados de la colaboración parlamentaria de CiU para encontrar una salida al acceso a la autonomía de Andalucía tras el 28 F. Incluso tras las elecciones de 1993 y 1996, al reformarse el sistema de financiación autonómica, el presidente de la Generalitat siempre defendió ese nuevo modelo de financiación subrayando que lo que Cataluña reclamaba para sí misma se extendía a todos los demás Y efectivamente, así fue. El modelo de financiación actualmente vigente no es particular de Cataluña, sino general para todo el Estado. Esto es lo que ha cambiado o, mejor dicho, está empezando a cambiar en estos últimos días. Por primera vez el nacionalismo catalán plantea las relaciones de Cataluña con el Estado en unos términos que no pueden ser extendidos en ningún caso a las demás comunidades autónomas. El modelo de financiación que el nacionalismo catalán propone, consistente en recaudar íntegramente los impuestos en Cataluña y pactar ulteriormente con el Estado qué parte de los mismos serían transferidos a este último, no puede generalizarse, sin que el Estado desaparezca. Estamos entrando, por tanto, en una fase nueva en la definición de la estructura del Estado. Si hasta el momento el debate se había centrado en una reivindicación en abstracto del "hecho diferencial" y en una crítica genérica al "café para todos", ahora nos encontramos ya con propuestas específicas de diferenciación de Cataluña de todas las demás comunidades autónomas. Ésta va a ser, con mucha diferencia, la cuestión más decisiva de los próximos años para la organización de nuestra convivencia. Es un problema de mucho más calado que el de la paz en el País Vasco, aunque menos dramático y mucho menos urgente. Tengo la impresión de que nos está ocurriendo ante esta nueva iniciativa lo mismo que nos ocurrió ante la Declaración de Barcelona y ante, en general, la ofensiva desatada por los partidos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia contra la estructura del Estado definida en la Constitución y los Estatutos de Autonomía. No se está reaccionando con la celeridad con la que se debería hacerlo. El tiempo en política es importante. La tardía defensa de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía acabó siendo descalificada como puro "españolismo". Vamos camino de que nos ocurra lo mismo con la eventual defensa del modelo LOFCA para la financiación autonómica. No reaccionar a tiempo puede acabar siendo igual que una derrota.