Dimisión y democracia

Se dice que un país es maduramente democrático cuando el índice de responsabilidad política se mide también por las dimisiones de sus cargos ante cualquier negligencia grave, o por el índice de destituciones en caso contrario. Podríamos poner varios ejemplos de dimisiones o destituciones en países históricamente demócratas, el caso belga de hace unos meses con la dimisión del ministro del Interior al comprobarse la negligencia de un policía en relación con una inmigrante es bastante significativo, pero seguro que en la mente de cualquier ciudadano le vendrán muchos más. De todos es sabido que hay ministerios o consejerías que no son fáciles de gestionar, por su complejidad, por su dificultad, etcétera, o simplemente por su reciente creación y un pasado cultural histórico que se hace difícil inculcar a un país que ha vivido casi al margen de una política ministerial o consejería, España estrena democracia y le quedan aún asignaturas pendientes para avanzar hacia su madurez; es el caso del Ministerio de Medio Ambiente y sus análogas, las consejerías. La empresa Boliden Apirsa fue adquirida en el 87 por una multinacional sueca por el precio simbólico de una peseta (política de desarrollo y creación de empleo); posteriormente, el Gobierno central y el Gobierno andaluz le han inyectado dinero suficiente como para crear desarrollo y algo más que 540 puestos de trabajo directos; pero seguimos teniendo mentalidad tercermundista, no nos basta con la amarga experiencia que tuvimos con la empresa Gillette, sino que encima reincidimos. El colmo de estas empresas es que encima de tratarnos como a estúpidos andaluces y tomarnos el pelo nos contaminan el medio ambiente, nos dejan parados y luego se marchan con el cuento a otra parte, tenemos que seguir aprendiendo a base de errores. La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y su análogo en Andalucía, el consejero José Luis Blanco, deberían de haber dimitido ante la magnitud del vertido de residuos tóxicos y peligrosos provocado por la rotura de la balsa de las minas de Aznalcóllar, su descoordinación para limpiar lo que nunca se debió permitir, y mucho menos si estaban alertados por los ecologistas -la población civil siente vergüenza ajena-, y su coordinación para tapar los hechos. Es tan evidente que la población civil proclama su dimisión o su destitución. Dos partidos políticamente opuestos deberían enfrentarse entre sí para sacar rentabilidad política ante la debilidad o errores del otro (juego democrático) pero en el caso del desastre de Doñana (la coordinación para la limpieza del vertido provocado por la rotura de la balsa de las minas de Aznalcóllar es obligatoria) se ponen de acuerdo para tapar la deficiente política ambiental y mantenerse en sus puestos; la negligencia de la ministra y del consejero sacada a la luz tras el desastre de Doñana es tan evidente que no hay excusa para sus responsabilidades políticas; la dimisión es una salida digna y su cese una obligación. Nos gustaría pensar que, aún con asignaturas pendientes, estamos en un país que aprende a dimitir y en el camino hacia la madurez democrática.- , miembro de Ecologistas en Acción.