Aznar advierte que España no puede sustituir al Tribunal Internacional

La decisión de la Cámara de los Lores del Reino Unido de privar de inmunidad y entregar a la justicia al general chileno Augusto Pinochet pone de manifiesto la necesidad de un Tribunal Penal Internacional, como el creado recientemente en el marco de Naciones Unidas. Así se expresaron ayer el primer ministro italiano, Massimo D'Alema, y el presidente del Gobierno español, José María Aznar, que coincidieron en considerar descabellado que los tribunales de un país puedan convertirse en una corte internacional.

La posibilidad de que Pinochet pueda ser extraditado a España o a otro país europeo para responder por los crímenes de los que le acusan los fiscales de diversos países preocupa en las cancillerías europeas, aunque nadie se atreva a decirlo."Nadie entendería que ningún país tomara la decisión de convertirse en el Tribunal Penal Internacional", señaló Aznar en la conferencia de prensa que ofreció junto al primer ministro italiano, que viajó a Madrid para entrevistarse con el presidente del Gobierno español. Tanto D'Alema, ex comunista, como Aznar, ex conservador, se negaron a hacer valoraciones políticas sobre la decisión de procesar al ex dictador chileno, acogiéndose al argumento de respetar la independencia judicial.

El primer ministro italiano dijo que no quería entrar a valorar unos acontecimientos "delicados y complejos", mientras que Aznar prefirió expresar su solidaridad con la democracia chilena. Dijo que confiaba en la "profunda madurez " y en el "sentido de la responsabilidad" del pueblo de Chile para afrontar la situación que atraviesa. Las relaciones entre Chile y España pasan por un momento delicado, aunque la próxima visita del ministro chileno de Asuntos Exteriores, José Miguel Insulza, ha propiciado el regreso del embajador en Madrid, Sergio Pizarro, que fue llamado a consultas a Santiago tras solicitar el Gobierno español la extradición del general Pinochet.

Los efectos del caso Pinochet en las relaciones hispano-chilenas sí se han hecho sentir en el ámbito militar. El portavoz del PP en temas de Defensa, Arsenio Fernández de Mesa, reconocía ayer, en declaraciones a Europa Press, que el proyecto de construcción del submarino Scorpene para la Marina chilena, que reportaría para España unos beneficios de 35.000 millones de pesetas, se encuentra paralizado.

Aunque esta paralización no es definitiva, existe un contrato en vigor cuya rescisión sería muy costosa para Chile. El presidente Aznar recordó ayer que la obligación de España de contribuir a la consolidación de la democracia chilena no es de hoy, sino que es un compromiso "por muchísimos años".