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Industria preparó un escrito que negaba la ayuda a Pérez Villar

La Dirección General de Minas preparó un borrador de resolución en la que se denegaba la subvención solicitada por el exconsejero de Castilla y León para su empresa Uría Motor.En el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se afirma textualmente: "La causa de esta desestimación se debe al gran número de solicitudes de ayuda recibidas y que la cuantía global de las mismas, en relación con los fondos disponibles, obliga a seleccionar aquellos proyectos que contribuyan en mayor medida a la reactivación económica del entorno, circunstancia que no se da en el proyecto propuesto".

La directora general, Paloma Sendín, no llegó a firmar esta propuesta de resolución, sino justamente la contraria, la concesión de la ayuda solicitada, aunque unos meses después.

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Pese a ello, el Ministerio de Industria insistió ayer, a través de un comunicado, en que "no ha existido ningún cambio de criterio" y tampoco "ningún trato de favor" en la gestión de la solicitud que presentó Pérez Villar el 19 de noviembre de 1996.

Según dicha nota, el expediente "fue declarado aplazado en la Comisión de Evaluación que se reunió el 23 de mayo de 1997", debido a que se pidió un informe jurídico a la Abogacía del Estado sobre la compatibilidad entre dicha subvención y la condena impuesta a Pérez Villar por el Supremo en julio de 1995. El informe, favorable al exconsejero, fue emitido el 4 de junio de 1995.

La documentación en poder de EL PAÍS señala, sin embargo, que con posterioridad a esa fecha, el 18 de junio de 1995, el expediente pasó de estar clasificado como aplazado a negativo. Cinco meses después, el 12 de noviembre de ese mismo año, por orden de la directora de Minas, volvió a cambiar de negativo a aplazado. Finalmente, el 22 de mayo de este año, pasó de aplazado a positivo, al presentarse la propuesta de resolución favorable, que fue firmada por el entonces secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta.

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Según la orden que regula estas ayudas, se consideran desestimadas si la Administración no contesta en un plazo de seis meses.

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