Piqué alega que la subvención al ex consejero de Aznar que prevaricó cumple la legalidad

El ministro de Industria, Josep Piqué, defendió ayer la subvención a fondo perdido concedida por su departamento a Miguel Pérez Villar, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León durante el mandato de José María Aznar y condenado a ocho años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito continuado de prevaricación. Piqué aseguró que la ayuda de 47,9 millones de pesetas para un taller concesionario de vehículos Renault cumple todos los requisitos legales. El líder del PSOE, José Borrell, aseguró que "este tema merece que el Parlamento se ocupe de él y lo hará".

Piqué explicó en los pasillos del Senado que la subvención concedida a Uría Motor, la empresa de Pérez Villar, se enmarca en las que se destinan a proyectos industriales generadores de empleo en zonas o municipios afectados por la crisis minera. Según Piqué, la orden que regula estas ayudas, que data de febrero de 1996, al final del mandato socialista, permite "una gran discrecionalidad" a la Administración, por lo que el actual Gobierno ha intentado introducir elementos de racionalidad en el reparto.El ministro justificó la subvención al ex consejero explicando que éste pidió apoyo financiero para la puesta en marcha de un concesionario de automóviles y taller de reparación, con una inversión superior a 500 millones, pero sólo se ha subvencionado la parte industrial del proyecto, por lo que la inversión subvencionable se ha limitado a 168,7 millones y la ayuda oficial a 47,9.

Según Piqué, el proyecto ha permitido la creación de más de 40 puestos de trabajo y cumple requisitos "mucho más estrictos" que los exigidos durante la etapa socialista. "A la vista de la personalidad del beneficiario", agregó el ministro, en alusión a la condena impuesta a Pérez Villar por conceder subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa durante su etapa como consejero regional, el ministerio pidió un informe jurídico que confirmó que nada impedía concederle una ayuda pública.

Estas explicaciones no contentaron a los socialistas. Borrell afirmó que el hecho es "ciertamente significativo de las conductas de unos y otros" y que, si se comprueba que ha existido un mal uso del dinero público, se trataría de "un caso muy grave". Pidió, no obstante, "prudencia" hasta que el Gobierno informe al Parlamento.

De su lado, el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, se mostró partidario de investigar la "liberalidad y generosidad" del PP a la hora de conceder subvenciones "siempre a los mismos, a los amigos" y no descartó la posibilidad de que su grupo pida la creación de una comisión de investigación en el Congreso. También Nueva Izquierda ha presentado una batería de preguntas sobre este asunto.

Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Juan Manuel Fernández, aseguró que el Gobierno regional está siendo "exquisito y escrupuloso" en la ejecución de la condena impuesta a Pérez Villar y en la reclamación de las subvenciones ilegalmente concedidas por el ex consejero.