La Comisión Eléctrica acusa a las empresas de dar datos contradictorios para tener ayudas

La batalla se encona. La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) emitió ayer un informe sobre la propuesta de Industria para autorizar al sector eléctrico a cobrar por adelantado un billón de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) en el que asegura que las compañías han proporcionado datos contradictorios sobre su situación para lograr las ayudas. El organismo, creado en 1995 para supervisar la competencia en el sector eléctrico, acusa a Industria de usar un procedimiento "irregular" y que favorece "intereses privados".

El informe, que cifra los costes de transición en 131.931 millones frente a los 1,6 billones fijados por el Gobierno, y que ha sido enviado al Ministerio de Industria, se opone radicalmente a que las eléctricas cobren de una vez un billón de pesetas (contenido en una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999 que se va a tramitar en el Senado), ya que "no se ha justificado en lo más mínimo la cantidad solicitada por las empresas" y "en los supuestos más probables [de evolución de mercado] las compañías deberían devolver dinero como consecuencia de que la desregulación les permitía una sobrerrecuperación de sus activos de generación". Aunque la opinión de la comisión que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez no es vinculante, supone una clara descalificación del pacto alcanzado en el mes de septiembre entre Industria y las eléctricas.En sus conclusiones, sostiene que la enmienda que Industria pretende tramitar "no cabe duda de que favorece a intereses privados muy concretos y lesionaría gravemente los intereses de la mayoría". Y añade: "Lo irregular de la forma empleada -una enmienda en el Senado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos- lleva a que, al no ser tramitada como debe llevarse a cabo cualquier modificación legal de entidad, evita el pronunciamiento de órganos como el Consejo de Estado e impide incluso su discusión en el Congreso de los Diputados teniendo éstos que limitarse a adoptarla o rechazarla". El método tampoco lo ven con buenos ojos ni el PSOE ni el aliado parlamentario del Gobierno, CiU.

La CNSE acusa contundentemente a Unesa, la empresa en la que se agrupan las eléctricas y que ha actuado tradicionalmente como grupo de presión, de "presentar unos datos de la situación financiera de las empresas eléctricas que contradicen la información de extraordinaria y excelente situación financiera que las mismas empresas comunican al mercado, a los analistas o la prensa especializada" (véase cuadro). Todo ello para obtener "un reconocimiento nuevo de derechos, asegurarse la recepción de una cantidad inmodificable e independiente de la que sería necesaria, que no tenían reconocidos en la legislación vigente".

Unesa rechazó ayer la acusación. Su portavoz, Ignacio Roch, aseguró que los datos presentados al organismo están avalados por auditorías y por la información proporcionada a la Comisión de Valores. Según Unesa, los beneficios netos de las eléctricas sólo han crecido hasta septiembre un 3,8% (248.804 millones), frente a una media del 22% para otros sectores, mientras que sus ingresos han caído un 3,9%.

Industria, que dirige Josep Piqué, se comprometió en agosto a autorizar a las eléctricas a titulizar (trocear y colocar en el mercado a través de entidades financieras) un billón de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) o, lo que es lo mismo, en compensaciones por los menores ingresos que teóricamente se derivarían de la competencia. Estos costes habían sido pactados en la Ley Eléctrica en 1997 con una cuantía "máxima" de 1,6 billones a cobrar en 10 años.

A cambio de modificar la hipótesis de cobro de los 1,6 billones en 10 años, por la certeza de cobrar un billón de una vez, el sector (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) aceptaba adelantar la liberalización.