Pujol electoral

EL PRESIDENTE Pujol presentó el lunes una nueva propuesta de financiación autonómica, la tercera que plantea desde 1993, cuando el Gobierno socialista de Felipe González necesitó sus votos para gobernar. Consiguió entonces el 15% de la recaudación del IRPF, que elevó al 30% en 1996, cuando el PP necesitó sus votos para asegurar la investidura de José María Aznar. Pujol saca a escena ahora un nuevo sistema, más ambicioso, que bautiza como pacto fiscal, asimilándolo en su presentación a un sistema especial próximo al del País Vasco y Navarra.Hace más de un año, cuando la nueva fórmula pactada con el PP llevaba unos meses de funcionamiento, anunció la necesidad de un nuevo pacto fiscal para el 2001, fecha en la que caduca el actual sistema. Se oían todavía los ecos de sus declaraciones sobre los suculentos "dividendos" que sacaba Cataluña de su alianza con el PP, el partido al que su astucia política hacía "pasar por el aro". Ahora, cuando faltan todavía tres años para que caduque este sistema, Pujol se anticipa al futuro con un anuncio que suena a pistoletazo de salida de las elecciones catalanas, en las que por primera vez tiene que enfrentarse con un rival que tiene posibilidades de desalojarle del poder.

La volubilidad de sus declaraciones plantea algunos problemas sobre la solidez de los argumentos y las cifras: ¿decía la verdad cuando anunciaba réditos fabulosos para Cataluña como resultado de su pacto con Aznar o la dice ahora cuando presenta las cifras sobre la balanza deficitaria de Cataluña como soporte de su nuevo pacto fiscal?

El origen de buena parte de las cifras sobre el déficit fiscal de Cataluña es bien conocido. Las han manejado con frecuencia los socialistas catalanes, inspiradores en gran medida del sistema de participación en el IRPF y preocupados por desarrollar la autonomía financiera sin destruir la solidaridad. Pero, en boca de un político tan hábil en la negociación como Pujol, estas cifras tienen limitada credibilidad. Su Administración es una de las más endeudadas de todas las autonomías, casi dos billones. También es la más sobredimensionada: el número de funcionarios, según explicó él mismo en su conferencia, es el mayor en proporción a la población. Pujol no ha dudado, a lo largo de sus 18 años de gobierno, en absorber cuantas más competencias mejor, sin atender siempre a la obtención de la correspondiente financiación; y, a la hora de conseguir dinero contante y sonante, ha actuado siempre por libre, pactando directamente con el Gobierno central y sin recabar el apoyo del Parlamento catalán y de los otros partidos.

Es significativo que Pujol recoja cifras y argumentos socialistas, que recabe el consenso entre los partidos catalanes y que plantee un debate en el Parlamento de Cataluña en un amago retórico de regreso a la política de unidad que caracterizó al presidente de la Generalitat recuperada, Josep Tarradellas. Como es significativo que lo haga ante un foro empresarial que antes de las elecciones de 1996 presidía el hoy ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, que es muy receptivo a las tesis del candidato socialista a la Generalitat catalana, Pasqual Maragall. A tres meses vista de la fecha más probable para las elecciones, Pujol preferiría evitar una campaña centrada en el balance de su gestión, en la administración de la autonomía o en la política de alianzas con los sucesivos gobiernos. Cuando se lleva 18 años en el poder es difícil atribuir a otros las deficiencias en la propia gestión: es lo que está haciendo Pujol so capa de un nuevo proyecto para Cataluña.

Ciertamente hay un debate, tan viejo como el siglo XX, sobre la balanza fiscal de Cataluña con el resto de España. Y la deseable estabilización del sistema de financiación autonómica exige que se avance en la clarificación de los términos y cifras de este debate. Las comunidades autónomas necesitan financiación suficiente. Su contribución al conjunto debe ser al menos proporcional a su riqueza, y los retornos en servicios e inversiones públicas deben ser similares en una medición per cápita. Si fuese cierto que los ciudadanos de Cataluña reciben en servicios e inversiones una cifra muy inferior a la de otras comunidades, es lógico que se demande una corrección, sin olvidar que las cifras mismas están sometidas a controversia y que hay que considerarlas en un marco de relaciones más amplio que también comprende los flujos comerciales y financieros.

El debate sobre estas cuestiones es legítimo, pero no es lógico que, por motivos electorales, se lancen iniciativas prematuras -mediante el lenguaje del agravio y de la injusticia- con el objetivo de irritar a todos y de despertar precisamente los fantasmas centralistas que se pretende combatir pero que, en el fondo, forman parte de la propia escenografía.