Oposición y agentes sociales se unen contra el "control lingüístico e ideológico" de los docentes

Los partidos políticos PSPV, EU, NE y BNV unieron ayer por una vez sus voces para denunciar, junto a la Mesa per l"Ensenyament en Valencià, la proposición aprobada por el PP, UV e IPCV que confiere poder a la Consejería de Educación para vigilar si los profesores de secundaria vulneran "deliberadamente la legislación" y se refieren al valenciano como variante del catalán y usan la expresión "País Valenciano". Los promotores presentaron un manifiesto contra el control ideológico y lingüistico y la atemorización del profesorado mediante una medida "anticonstitucional".

Las fuerzas políticas y sociales de la izquierda y del nacionalismo valenciano aparcaron cualquier diferencia para denunciar lo que coincidieron en calificar como una proposición de carácter coercitivo destinada a atemorizar al profesorado mediante la censura de términos y derechos contemplados en el Estatuto de Autonomía, en la Llei d"Ús i Ensenayment del Valencià, en la Constitución española y en una sentencia del Tribunal Constitucional. Diego Gómez, de la Federació de l"Escola Valenciana, manifestó que ya se han detectado los primeros indicios de que Educación ha intentado captar a personas "para hacer de comisarios". La proposición no de ley fue aprobada el 21 de octubre en las Cortes en uno de los momentos más tensos del debate sobre la composoción de la futura Acadèmia Valenciana de la Llengua. La propuesta partió del diputado tránsfuga de UV, Rafael Ferraro, de Iniciativa de Progreso, con el fin de evitar, a través del servicio de inspección, que parte del profesorado imparta la enseñanza científica que considera el valenciano como variante dialectal del catalán y, además, utilice expresiones como la de País Valenciano. "Esta medida se retrotrae a períodos de la historia reciente que creíamos superados, porque cuestiona explícitamente la labor docente del profesorado valenciano y atenta gravemente contra los más elementales principios de libertad de expresión y de libertad de cátedra". Este párrafo es el primer punto del manifiesto que ayer presentaron, por la parte política, la diputada socialista Rosa Morte, la portavoz de EU, Glòria Marcos, el líder de NE, Albert Taberner, y el del BNV, Pere Mayor; por la sindical, Vicent Esteve, del STEPV y Manuel Fombuena, de CC OO, integrantes -junto a UGT y otros colectivos- de la Mesa per l"Ensenyament en Valencià, representada por Gemma Lluch y Diego Gómez. El segundo punto sostiene que la iniciativa atenta "contra el espíritu de consenso con que se redactó el Estatuto de Autonomía", en cuyo preámbulo se dice: "Aprobada la Constitución es, en su marco, donde la tradición valenciana proviniente de la historia del Reino de Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano". Los promotores instaron a la Consejería de Educación dirigida por Francisco Camps a que denuncie a las respectivas formaciones, la mayoría de las cuales contiene en su denominación oficial la expresión País Valenciano. También dudaron de la viabilidad legal de poner la medida en marcha y de la posibilidad de que los inspectores se pliegen a esas exigencias, por lo que insistieron en el propósito de control ideológico y lingüístico de la misma. El tercer punto alude a la sentencia de Tribunal Constitucional que reconoce la denominación de catalán en el ámbito académico. El cuarto recuerda que la inicitiva se suma a otros "igualmente preocupantes": como el menosprecio a Joan Fuster o Enric Valor o la injerencia en las editoriales valencianas. Por último, el manifiesto, que será leído en centros docentes y será objeto de mociones municipales, considera anticonstitucional la proposición.