Las comunidades asumirán la gestión de todas las becas
La convocatoria, concesión y gestión de todas las becas de la enseñanza, tanto las de primaria y secundaria como las universitarias, que ahora son competencia del Ministerio de Educación, pasarán a manos de las comunidades autónomas, si la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, consigue llegar a un acuerdo con ellas. Así lo ha anunciado la titular de Educación en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador de CiU Josep Varela.Aguirre señaló, además, que ya están preparados dos proyectos de reales decretos para regular el traspaso de todas las ayudas, excepto las de movilidad, que las gestionará la Administración central en exclusiva.
La ministra pretende conseguir "el máximo consenso" con las comunidades sobre la forma de tramitar estas ayudas al estudio. Aguirre se comprometió el pasado mes de septiembre con la Generalitat de Catalunya a presentar un proyecto antes el 23 noviembre, con el fin de que el traspaso se haga efectivo en el curso 1999-2000. Aquel acuerdo despertó las protestas del PSOE, mientras que IU se mostró en principio de acuerdo con la iniciativa, así como los sindicatos CC OO y UGT.
Difícil distribución
El PSOE considera que esta medida acabará con la igualdad de oportunidades que tienen los alumnos, tanto universitarios como de primaria y secundaria, a la hora de optar a una ayuda al estudio. Según explica la diputada del partido socialista Amparo Valcarce, "las diferencias de recursos entre las comunidades autónomas hacen imposible una distribución adaptada a la realidad social que compense de verdad las desigualdades". Si se distribuyen las ayudas en partes para cada región, muchos estudiantes de las comunidades más desfavorecidas que ahora gozan de una beca, al entrar a competir sólo con los de su misma comunidad, ya no podrán optar a ella, añade la diputada socialista.Amparo Valcarce considera que la única manera de atender a las necesidades individuales de cada alumno es con una única política de becas y que "el PP ha puesto en marcha esta iniciativa por presiones de sus socios en el Gobierno".
En la discusión en el Senado, el representante de CiU, Josep Varela, pidió, además, a la ministra que los principios básicos de la legislación que se establezca finalmente sean los mínimos, para que la Generalitat de Catalunya pueda realmente "hacer una política de becas" y para que la Administración autónoma deje de ser "una oficina del MEC".
Sobre las becas universitarias, la ministra señaló en el Congreso que se ha descubierto un 14% de fraude en una muestra de unas 4.000 solicitudes de becas presentadas el curso pasado. La mayor parte de los fraudes consistían en aportar una renta incompleta al presentar la beca y luego complementaria en Hacienda.
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