Creciente sintonía

DE LOS sucesivos encuentros al más alto nivel entre España y Francia va destilándose con claridad la idea de que los dos grandes vecinos del suroeste europeo tienen intereses conjuntos sólidos en la política continental, decididamente por encima del color coyuntural de los Gobiernos respectivos, conservador uno y socialdemócrata el otro. De la cumbre hispano-francesa celebrada durante dos días en en el puerto atlántico de La Rochelle, primera desde que ETA anunciara en septiembre una tregua indefinida, emerge una neta sintonía entre los Ejecutivos de ambos países en materia de política antiterrorista, sintetizable en la idea de que no habrá concesiones políticas a cambio de la paz en el País Vasco.Que el presidente Chirac haya garantizado al primer ministro español continuidad en la cooperación policial que ha dado tan buenos resultados en el pasado —"con los mismos medios y recursos"— es una buena noticia. Más aún porque está por establecerse que ETA tenga voluntad de abandonar definitivamente las armas. También lo es la disposición de París a mantener las expulsiones de etarras y la voluntad de acomodar su política penitenciaria respecto a sus 59 presos etarras a las decisiones que en este terreno vaya adoptando el Gobierno español en cuestiones como su traslado a prisiones cercanas al País Vasco. Esta renovada promesa de entendimiento en un terreno crucial se produce en un escenario que, aun con todas las cautelas, puede calificarse de esperanzador por primera vez en muchos años: el mismo José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, que era entregado por Francia en mayo de 1996 a las autoridades españolas, recogía la semana pasada su acta de diputado como parlamentario vasco. Algo que puede ofender a muchos pero que apunta el buen camino.

Las coincidencias entre Francia y España —que han confirmado el 2004 como el año en que una línea ferroviaria de alta velocidad unirá Figueres con Perpiñan— son menores en el otro gran tema debatido en La Rochelle: la llamada Agenda 2000 o ampliación de la Unión Europea y su repercusión en la financiación de los Quince. El modelo actual expira el año próximo, y Alemania, que quiere suprimir el fondo de cohesión, pretende sentenciar el nuevo modelo durante su presidencia del primer semestre de 1999. París y Madrid difieren en su apreciación del nivel en el que debe estabilizarse el gasto comunitario. Francia es reacia a subir los costes, mientras España teme que los más pobres acaben pagando la ampliación. Pero uno y otro Gobierno se oponen a las pretensiones del canciller Schröder de reducir en un 25% las subvenciones al sector agrario. En La Rochelle se ha perfilado un entendimiento por encima de coyunturas políticas, basado en el necesario refuerzo de la cooperación mediterránea a medida que en la salsa de la UE va acentuándose el ingrediente centroeuropeo.