El Ministerio de Medio Ambiente confisca 18 salinas de Cádiz, siete de ellas de Abel Matutes

La Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha confiscado 18 salinas en la Bahía de Cádiz como consecuencia de un deslinde. La superficie intervenida, que se aproxima al 50% del término municipal de San Fernando, está afectada por la Ley de Costas, aprobada en 1988, que establece que el suelo inundable por la oscilación de las mareas pertenece al dominio público marítimo terrestre. De las salinas intervenidas, siete de ellas pertenecen a la empresa Cupimar, líder en el sector de los cultivos marinos, en la que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, participa con el 9% del accionariado.

Además, otros familiares del ministro son propietarios de distintos porcentajes de las acciones de la firma, que está controlada, en definitiva, por capital ibicenco y catalán. Otra de las salinas pertenece a Pescanova y el resto son de familias isleñas ligadas históricamente al negocio salinero. Esta actuación de Costas pone de relieve de nuevo la inseguridad jurídica que afecta a este sector productivo, que se encuentra en plena expansión en la Bahía de Cádiz, donde operan una treintena de firmas que producen el 25% del alevinaje de doradas en Europa. Las críticas a la actuación de Costas llegaron ayer desde varios sitios. La Asociación Empresarial de Cultivos Marinos de la Bahía de Cádiz (Asema) lamentó esta nueva intervención, que viene precedida de tres sentencias dictadas por distintos tribunales en las que se han respaldado los argumentos de los propietarios, permitiendo su inscripción registral. "Saben que nos oponemos directamente a su actuación, que terminamos en los juzgados y, al final, ganamos el caso, pero siguen actuando igual, interpretando erróneamente la Ley", dice Lázaro Rosa, presidente de Asema y gerente de Cupimar. Conculcación de derechos Los industriales consideran que las salinas deslindadas no se encuentran en la zona intermareal ya que el agua de mar se introduce artificialmente a través de un sistema de compuertas y no penetra en las explotaciones de modo natural. "Intentar quitar la propiedad de un suelo a alguien que lo viene heredando hace cientos de años de padres a hijos es una aberración que conculca el estado de derecho", sostiene. La explotación de la acuicultura se encuentra en proceso expansivo en la Bahía de Cádiz, donde ha generado unos 1.000 empleos directos e indirectos y alcanza una producción anual por encima de las 3.000 toneladas de doradas y lubinas, con una facturación superior a los 3.000 millones de pesetas. Los empresarios advierten de que las inversiones se están marchando hacia el Mediterráneo ante las dificultades que acarrea la aplicación de la Ley de Costas. Algunas empresas han instalado allí granjas marinas en el mar, en vez de utilizar las superficies salineras en desuso de la Bahía de Cádiz. Además con el agravante de que las empresas que arrancan su actividad en las costas catalana y levantina utilizan la tecnología desarrollada en Cádiz, se nutren de los técnicos que proporciona el Instituto de FP Santi Petri de Chiclana y compran los alevines de pescado a Cupimar. "Es como si una mano negra intentara parar las inversiones e impedir que el negocio de los cultivos marinos progrese en la Bahía", resume Rosa. Los cultivadores acuícolas de la bahía gaditana han pedido al Ministerio de Medio Ambiente que, a través de una orden ministerial, deje de aplicar los aspectos de la ley que impiden el desarrollo normal de la acuicultura, ya que uno de los problemas que encuentran los empresarios es que al no admitirse legalmente su propiedad no pueden solicitar créditos hipotecarios sobre el suelo, lo que impide cimentar las inversiones. No obstante la ley prevé una concesión del suelo confiscado de hasta 70 años. Para Rosa, "esto es kafkiano porque se trata de una actividad que pone en valor suelos sin uso, respetuosa con el medio ambiente y que propociona riqueza". El Ayuntamiento de San Fernando expresó ayer su rechazo a la confiscación de las salinas, ya que "la actividad acuícola empezaba a ser una pujante actividad en creación de puestos de empleo", según el delegado municipal de urbanismo, Fernando Rodríguez. A su juicio, estas medidas crearán desmotivación entre el empresariado y alerta de que el posible abandono de las salinas puede provocar problemas inundaciones en algunas zonas del término municipal.