Chile solicita al Supremo que investigue al ex dictador
El Ministerio de Exteriores chileno ha solicitado a la Corte Suprema el nombramiento de un magistrado de este tribunal para investigar las 12 querellas criminales presentadas en Chile contra Augusto Pinochet. De ser aceptada la propuesta, el juez Juan Guzmán que instruye los sumarios tendrá que dar traslado de todas sus investigaciones a un magistrado del Supremo.
Al término de una reunión plenaria de los magistrados del alto tribunal, su presidente, Roberto Dávila, aseguró que la Corte resolverá el lunes o martes sobre esta solicitud. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas, aseguran que una amplia mayoría de estos jueces se inclinaba anoche por rechazar la petición.
La estrategia del ministro José Miguel Insulza es clara: demostrar a la Cámara de los Lores de que la justicia civil chilena está en condiciones de juzgar, llegado el caso, los presuntos crímenes del ex general. La cancillería basó su petición en el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales, según el cual cuando las relaciones internacionales del país estén o puedan estar afectadas por un proceso, éste debe ser instruido por un magistrado del Tribunal Superior.
El Gobierno sostiene que la petición busca tan sólo evitar un eventual conflicto de competencias con la justicia militar en Chile sobre quién debe conducir la instrucción de dichas querellas contra Pinochet. Esa misma norma se aplicó en la investigación de los asesinatos del ex ministro del Gobierno de Unidad Popular, Orlando Letelier, y del funcionario español de la ONU, Carmelo Soria, ambos perpetrados en 1976 por agentes de la DINA.
En medios judiciales se considera que la interpretación que hace la cancillería de ese texto legal tiene como fin preparar el terreno jurídico en Chile ante un fallo adverso a Pinochet en Londres, pues de este modo sería más fácil solicitar su extradición a Santiago si un juez de la Corte Suprema la pidiera.
