Tres de los cinco lores se han interesado más por el genocidio que por la inmunidad de Pinochet
Tres magistrados-lores, sobre cinco, han intervenido en el curso de las seis sesiones que ha durado la vista de apelación contra el estatuto de inmunidad soberana de Augusto Pinochet para poner de relieve el carácter de crímenes contra la humanidad de los hechos de los que se acusa al ex dictador y han subrayado los convenios internacionales suscritos por el Reino Unido (genocidio, tortura y otros) que son fundamento de lo que en la jerga jurídica se llama la jurisdicción universal, esto es, delitos perseguibles en cualquier país. El fallo será anunciado con toda probabilidad la semana próxima.
Aunque todo podía llevar a pensar de antemano que los magistrados de la Cámara de los Lores abordarían tan sólo la inmunidad del ex dictador, las sesiones se deslizaron poco a poco hacia la misma esencia jurídica que tuvieron necesidad de abordar los 11 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 5 de noviembre. Esto es, si los delitos imputados a Pinochet configuran los tipos penales de genocidio, y en caso de ser así, si procede considerarlos como delitos de protección universal y, por tanto, de jurisdicción universal.Este examen es inevitable toda vez que las leyes internas del Reino Unido (la Ley de Inmunidad de los Actos de Estado, de 1978) conceden la inmunidad soberana a los jefes de Estado y ex jefes respecto a los actos públicos realizados durante su gestión y les ampara frente a posibles procedimientos civiles y criminales en su contra.
La defensa de Pinochet convirtió este punto en el eje central de su discurso ante la High Court of Justice (Alto Tribunal de Justicia). Gracias a él ganó el 28 de octubre el primer asalto de esta compleja batalla legal. Uno de sus argumentos, por ejemplo, fue que, si no se respetaba la inmunidad soberana de Pinochet, equivaldría a someter a todos los ex jefes de Estado, incluida la reina de Inglaterra, a una jurisdicción penal fuera de sus propios países. Según la sentencia que anunció el lord-presidente del tribunal, Pinochet "tiene derecho a la inmunidad como antiguo soberano contra procesos penales y civiles en los tribunales ingleses".
Ni la fiscalía de la Corona ni el juez Baltasar Garzón han cuestionado, como tal, el estatuto británico (inmunidad soberana y actos de Estado), sino que han dirigido su actuación a demostrar que la larga tradición británica a la hora de interpretar el derecho local (en este caso, lo que los juristas ingleses llaman el estatuto o normas sobre inmunidad soberana y de actos de Estado) es compatible con el derecho internacional. Por lo que la inmunidad soberana reclamada por Pinochet para eludir su responsabilidad por crímenes contra la humanidad no está prevista como tal por las leyes del Reino Unido.
La discusión, pues, no es si prima el derecho internacional sobre el británico -un debate que en este país siempre se resolvería a favor del segundo- sino otro muy diferente: si es legítimo apelar a un estatuto interno para eludir las responsabilidades penales por genocidio, tortura, secuestro de personas, y otros graves delitos contra la humanidad. Este tipo de acciones son perseguidas por el derecho internacional con carácter obligatorio (lo que se denomina ius cogens).
En las sesiones, uno de los magistrados, lord Steyn, de origen surafricano, ha hecho hincapié, tanto en sus preguntas como en sus afirmaciones, en las cuestiones de genocidio: asesinatos, torturas, desaparición de personas, represión de judíos. La idea es si un estatuto de inmunidad de actos de Estado puede amparar ese tipo de actividades. La respuesta de la defensa siempre fue que se trataba de actos oficiales.
Otro magistrado, lord Hoffmann, también hizo hincapié en el tipo de crímenes que se imputan a Pinochet, y se ha preguntado por qué razón no entregar a la justicia a un ex jefe de Estado que ha podido cometer actos como éstos. Un tercero ha insistido también en los convenios internacionales firmados por el Reino Unido, en especial el de la tortura, que no impide perseguir en la jurisdicción inglesa a un ex jefe de Estado que la haya empleado allí donde fuere, sea en Chile o en Suráfrica.
El presidente del tribunal, lord Slynn, ha intervenido activamente. Muchas de sus preguntas han estado dirigidas a conocer la experiencia internacional en materia de inmunidad y ha puesto no pocas veces en aprieto a la defensa de Pinochet.
Con todo, sería exagerado tomar al pie de la letra las palabras de los magistrados. Fuentes jurídicas estiman que el tribunal discutirá en profundidad los asuntos y que intentará, a diferencia de la sentencia de la High Court of Justice, considerar el estatuto interno de inmunidad en el contexto del derecho internacional actualmente en vigor. Los jueces son conscientes, como dijo lord Slynn al finalizar la vista el pasado jueves, que tienen ante sí una tarea "importante y muy difícil".
