El Supremo rastrea las supuestas cuentas falseadas por Tomey

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que investiga la supuesta conducta delictiva de Francisco Tomey, presidente de la Diputación de Guadalajara y senador del PP, ha ordenado rastrear las cuentas bancarias de la corporación alcarreña entre 1992 y 1994. También indaga quiénes colaboraron en la elaboración del presupuesto de 1995. La fiscalía acusa a Tomey de falsear los presupuestos con deudas ficticias.

Francisco Tomey hizo figurar "como pendientes de cobro, créditos inexistentes o ficticios por un importe superior a 3.500 millones de pesetas" en las liquidaciones de los presupuestos de la Diputación de Guadalajara entre 1991 y 1995, según el informe de la fiscal jefe de esa provincia, Ángeles García, dirigido en enero último al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.Tras indagar durante seis meses la denuncia formulada por Jesús Alique, portavoz socialista en la institución alcarreña, la fiscal apreció "un delito continuado de falsedad en documento oficial" y apuntó hacia un posible delito de malversación, pero no pudo agotar la investigación por la condición de aforado de Tomey, que exige al Tribunal Supremo conocer del caso.

Cardenal remitió el asunto al Supremo, que pidió autorización al Senado para inculpar a Tomey. Una vez obtenida ésta, la Sala Segunda de ese tribunal designó instructor del sumario al magistrado Adolfo Prego de Oliver, quien tomó declaración a Tomey e inició las pesquisas.

Fruto del trabajo del instructor durante los últimos meses, en estrecha colaboración con la fiscal Pilar Fernández, fue la resolución, notificada ayer, en la que Prego de Oliver ordena un rastreo de las cuentas supuestamente falseadas y de los implicados en la preparación de los documentos objeto del delito.

Cuentas e intereses

Prego de Oliver ordena en primer lugar que la Diputación le remita "una relación pormenorizada de todas las cuentas corrientes bancarias abiertas a nombre de aquélla en los años 1992, 1993 y 1994". Añade que, "una vez recibida la información solicitada", se recabe de los bancos referidos "informe detallado en el que se concreten los intereses bancarios devengados en esos años, los abonados en cuenta o, en su caso, los no satisfechos, sea por simple impago o sea por compensaciones derivadas de débitos frente a la entidad".El instructor del caso Tomey ordena al secretario de la Diputación que "remita relación de los funcionarios, empleados o técnicos que trabajaron a las órdenes y bajo la dependencia del señor Villalgordo [interventor imputado hasta su fallecimiento, que se produjo el pasado 14 de febrero] en las operaciones de preparación, elaboración y liquidación del presupuesto general de 1995".

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Por otra parte, el magistrado ha ordenado que el Tribunal de Cuentas "informe sobre el resultado de la fiscalización llevada a cabo (...) en el ámbito de las competencias de dicho tribunal".

Por último, Prego de Oliver pide al Ministerio de Hacienda "que informe motivadamente sobre la participación que en los Tributos del Estado correspondiera a la Diputación de Guadalajara en los años 1991 a 1994, ambos inclusive, y pagos realizados por esta participación".

Esta información completará la obtenida por la fiscal jefe de Guadalajara relativa al año 1995, en relación con el cual se percibió toda la asignación, aunque Tomey la hacía figurar como pendiente.

La resolución del magistrado instructor no pide por el momento a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la lista de deudores de la Diputación a pesar de que una resolución de dicha sala, además de ordenar su entrega a la oposición socialista, abría la posibilidad de que esos datos, que en su momento echó en falta la fiscal García, llegaran al Supremo.

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