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Tribuna:AYUDA HUMANITARIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Talar el árbol podrido y preservar el bosque

Las irregularidades en el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea deben ser depuradas, pero ello no debe acarrear la suspensión de actividades, mantiene el autor

En las últimas semanas ha saltado a la opinión pública el caso de las irregularidades que presuntamente se cometieron en los años 1993 y 1994 en la gestión de fondos de ECHO, el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Este asunto ha sido tratado en toda la prensa europea, y con especial profusión en la alemana, con el noble empeño de esclarecer lo ocurrido y exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.El Parlamento Europeo ha tomado cartas en el asunto solicitando de la Comisión una investigación exhaustiva y una completa explicación de lo acontecido velando por la limpieza de las actuaciones de la Comisión Europea. Hasta aquí no cabe ningún reproche, sino que, por el contrario, la actitud de los eurodiputados y de los medios de comunicación debe contar con el pleno apoyo del ciudadano y de las instituciones de todos los países europeos que deseamos para las instancias comunitarias la misma transparencia y pulcritud en su funcionamiento que exigimos de nuestras propias instituciones a nacionales.

Ahora bien, sería una lástima que este afán tan necesario como irreprochable pudiera acarrear una suspensión temporal de las labores de ECHO, que son de crucial importancia tanto para sus beneficiarios como para la propia Unión Europea.

En efecto, ECHO es una institución que, pese a su juventud (nació en 1992) se ha convertido en uno de los principales buques insignia de la Unión Europea. Cada vez que en algún lugar del planeta estalla una guerra o se produce una inundación o un terremoto, la ayuda humanitaria europea es de las primeras en acudir. La experiencia demuestra que ECHO aparece inmediatamente sobre el terreno, directamente o a través de las organizaciones no gubernamentales a las que subvenciona. Esa rapidez de reacción, indispensable en situaciones de emergencia, sólo es posible merced a los ágiles procedimientos que le permiten movilizar y canalizar la ayuda a su destino sin recurrir a los trámites ordinarios de otras instancias de la Comisión, cuyas actuaciones no están sujetas a la urgencia y cuya eficacia no se mide, en consecuencia, por la velocidad en dar respuesta a los problemas.

Esta imprescindible premura en la actuación de ECHO no debe, desde luego, servir de excusa para los errores o las irregularidades que se hayan podido cometer en sus años de funcionamiento. Tampoco exime de responsabilidad la incontestable escasez de medios personales de la oficina en relación con el considerable volumen de recursos que maneja, circunstancia que le ha obligado a recabar la asistencia de otras organizaciones para canalizar las ayudas y a contratar personal de apoyo a los funcionarios de ECHO en la difícil tarea de gestionar los propios recursos.

Dicho lo cual, es menester situar la cuestión en sus justos términos. Y no parece razonable que la detección de unas irregularidades aparentemente aisladas que se produjeron varios años atrás -las cuales son, por lo demás, concienzudamente investigadas por la UCLAF, la unidad antifraude de la Comisión-, acarree como sanción la paralización de ECHO mediante la congelación de sus dineros.

Resultaría desproporcionado que por un árbol podrido corriéramos el riesgo de talar todo un bosque sano y saludable. El árbol podrido es el caso de presunta corrupción que se está investigando. El bosque es la ayuda generosa y eficaz que la Unión Europea brinda a las miles de víctimas de guerras y catástrofes esparcidas por todo el mundo. Debemos ser implacables en el combate de la corrupción, posición que no está en modo alguno reñida con que ECHO continúe prestando sus inestimables servicios a la comunidad internacional y a la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Sobre todo, porque conviene recordar que es imposible sustituir a este gigante en su labor humanitaria.

De las tareas desempeñadas por ECHO, y en buena medida gracias a ellas, son testigos poblaciones enteras desde los Grandes Lagos hasta Corea del Norte, pasando por Cuba y el Kurdistán iraquí. Los Estados miembros no seríamos ni de lejos por nosotros mismos capaces de hacer tanto en tantos sitios. No nos podemos, por tanto, permitir el lujo de prescindir de ECHO, ni siquiera para darle unas forzosas vacaciones temporales.

Las últimas noticias de Estrasburgo y Bruselas son alentadoras. El mensaje del Parlamento a la Comisión, auspiciado por el eurodiputado español y miembro de la Comisión de Presupuestos Juan Manuel Fabra, sería tajante, deben depurarse todas las responsabilidades, pero no drástico al levantarse la amenaza de impedir a ECHO disponer de su presupuesto.

Por lo demás, este debate servirá de estímulo para intentar mejorar el funcionamiento de ECHO, cometido sobre el que ya han empezado a reflexionar tanto la comisaria responsable, Emma Bonino -cuyos méritos en pro de los más desfavorecidos, y muy en particular de las mujeres, reconoce el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional- como el director de la oficina, el español Alberto Navarro. Tengo gran confianza en que dicha reflexión desembocará en una mejora en los desempeños de ECHO sin incurrir en traumas innecesarios.

Creo, en fin, que ante esta perspectiva positiva no sólo debemos congratularnos por los beneficiarios de la ayuda humanitaria europea. También cabe hacerlo desde un punto de vista político. Son de sobra conocidas las carencias de esta Europa que estamos construyendo a la hora de contribuir eficazmente a prevenir y resolver conflictos. En contraste, la Unión Europea sí es protagonista estelar en la asistencia a las víctimas y en la reconstrucción de territorios asolados.

ECHO es así parte irrenunciable de esa embrionaria política exterior y de seguridad común que deseamos ver fortalecida para que los europeos hagamos oír con fuerza nuestra voz en un mundo convulsionado. La ayuda humanitaria europea es, en ese sentido, uno de los pilares de la Europa a la que aspiramos. Como, por añadidura, es de dominio público la activa y notoria participación española en este despliegue de solidaridad, desde España no cabe sino reiterar un compromiso firme y vocacional con todo lo que representa la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea.

Fernando Villalonga es secretario de Estado de Cooperación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de noviembre de 1998