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Entrevista:

"Hay graves problemas para adelantar el final de la mili"

Desde la medianoche de hoy y hasta la una de la tarde, el ordenador del Ministerio de Defensa repartirá los destinos de los 135.563 jóvenes que deben incorporarse al servicio militar durante el próximo año. Llamando al teléfono 902 121 414, los integrantes de la quinta del 99 podrán conocer la suerte que les ha correspondido en este sorteo informático. No será el último, según el ministro Eduardo Serra, quien se resiste a enterrar precipitadamente la mili obligatoria.

La supresión de la mili es una de las grandes bazas del PP con vistas a las próximas elecciones. Pero de las promesas electorales a los hechos va un largo -demasiado largo para muchos- y complicado trecho. A Eduardo Serra le toca conducir ese tren durante el último tramo y, aunque las presiones para adelantar la llegada se multiplican, el ministro de Defensa, temoroso de que descarrile, se resiste a soltar el freno.Pregunta. ¿Será el sorteo de hoy el último de la mili.

Respuesta. En absoluto. Se ha explicado con todo detalle cuáles son los planes para que el servicio militar obligatorio finalice antes del 31 de diciembre del año 2002. El dictamen aprobado por el Parlamento insta a acortar ese periodo de transición y el Gobierno es el primer interesado en hacerlo, si pudiera. Pero hay obstáculos muy importantes. El primero es el económico. El presupuesto del año próximo permitirá incorporar 17.500 nuevos soldados profesionales, que es la velocidad de crucero necesaria para llegar al objetivo en la fecha prevista. Aumentar el ritmo supondría una carga presupuestaria adicional. Pero hay otro problema. Para hacer una buena selección se requieren tres solicitudes por plaza y, si la oferta aumenta excesivamente, podemos encontrarnos con que no hay candidatos suficientes para mantener esa proporción, de la que no se debe bajar. De modo que, a pesar de la mejor disposición del Gobierno, no se ve hoy ningún elemento que permita pensar que es posible adelantarlo.

P. No sólo la oposición. También Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP, pide que se adelante el final de la mili y le ha invitado a participar en una campaña bajo el significativo lema de Rompan filas.

R. El Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de decidir, mantiene la posición que le acabo de explicar. Si pudieran soslayarse los inconvenientes citados, se podría reconsiderar. Hoy por hoy, no es posible. Yo estoy encantado de participar en una campaña, no sé su lema, que explique el fin del servicio militar obligatorio y las posibilidades que abre el Ejército profesional.

P. Casi dos millones de jóvenes, entre los que tienen prórroga y los que cumplirán 19 años antes del 2003, están pendientes de la mili. Es evidente que el Ejército no necesita a tantos. En vez de mantener su incertidumbre, en un momento crítico de sus vidas, ¿no sería más lógico decir, como en Francia, quiénes van a incorporarse y liberar a los demás?

R. Aquí tenemos una variable totalmente ajena a la voluntad de la Administración que no se da en Francia: la objeción de conciencia. Entonces, son teóricamente dos millones. Pero, si vemos que cada año hay alrededor de 150.000 objetores, tenemos que prescindir de 600.000. Es verdad que la incertidumbre no es buena y que esa preocupación es absolutamente legítima. Estamos estudiando la forma de resolverlo, sin olvidar que, como decía el clásico, malo es que sobren pero peor sería que falten. Hay que ser especialmente cuidadoso.

P. Se podría exonerar a los nacidos en 1981 y 1982 como se ha hecho con los de 1983 en adelante.

R. No creo que sea una buena solución. En vez de liberar horizontalmente, según la edad, intentamos hacerlo verticalmente, si se me permite la expresión. Por eso hemos preparado una reforma del reglamento de reclutamiento que facilita la exención por sostenimiento familiar y causas médicas.

P. Ya debería estar aprobada...

R. No necesariamente. Enviamos el texto al Consejo de Estado, que nos dio un dictamen favorable, pero hicimos algunas correcciones y lo hemos vuelto a mandar. Esperamos aprobarlo a principios de año y, por tanto, antes de que empiece a incorporarse el contingente que se sortea hoy. Entre otras novedades, quedarán exentos quienes tengan más de cuatro dioptrías de miopía o seis de hipermetropía en cualquier ojo.

P. Lo sorprendente es que se facilite la exención y se diga que quienes alarguen su prórroga pasarán directamente a la reserva, pero no se incentive a los que hacen la mili durante este periodo. Nadie querrá ser el último.

R. Me gustaría mucho incentivarlos. El problema es que, hasta ahora, lo que se da al soldado se le da al objetor. Hay una igualdad legal que seguramente no corresponde a la realidad, porque las exigencias del servicio militar no son las mismas que las de la prestación.

P. La duración del periodo de transición depende del tamaño del Ejército profesional. La ley del personal militar lo fija en 120.000 efectivos. Eso era el máximo señalado por el Parlamento. Pero había un mínimo: 100.000.

R. La cifra la debe dar el planeamiento militar aprobado por el Gobierno. Se trata de saber cuántos efectivos son necesarios para hacer frente a los riesgos y amenazas, y también a los compromisos, que tiene España. Los planes vigentes nos dicen que son 120.000 soldados profesionales. Habrá que ver cómo evoluciona la situación internacional.

P. Habrá que ver cuándo son las elecciones y si el PP resiste la tentación de liquidar la mili.

R. Espero que la coherencia que hasta ahora ha mantenido el Gobierno se mantenga.

P. La objeción bajó en octubre, pero ha subido en noviembre, coincidiendo con el juicio del caso Miravete. Al margen de la sentencia, es incomprensible que ese sargento mandase una unidad.

R. No creo que esté relacionado, aunque es evidente que hubo fallos. No se realizaron los exámenes psicofísicos periódicos y, para remediarlo, se va a potenciar el cuerpo de psicólogos militares. Había informes que no se tuvieron suficientemente en cuenta y por eso se han elevado sustancialmente las sanciones disciplinarias por consumo de alcohol. Ya en su momento se decidieron correctivos y ceses de mandos. El primer perjudicado por este caso, después de la familia del fallecido, ha sido el Ejército y debemos evitar por todos los medios que se repita.

P. Cambiando de tercio. Chile es uno de los mejores clientes de la industria militar española. La crisis provocada por la solicitud de extradición de Pinochet ¿va a perjudicar operaciones como la venta de dos submarinos o de aviones?

R. Querríamos pensar que no. Tenemos y queremos seguir teniendo las mejores relaciones con Chile. Nos gustaría que vieran las cosas como han sido: una decisión de los tribunales, que son independientes del Poder Ejecutivo. Aunque quizá su punto de vista no coincida mucho con el nuestro.

P. De momento, se han paralizado las negociaciones en curso.

R. Ahora mismo hay una sensibilidad en Chile que ha llevado a las autoridades a tomar esa decisión de esperar y ver. Somos conscientes de que eso no nos favorece. Esperemos que no pase de ahí.

P. España ofreció en febrero su apoyo a EE UU para una intervención militar contra Irak. ¿Mantendrá la misma actitud ahora que la crisis se ha reabierto?

R. Habría que ver cuál es la situación en el momento en que se produjera una petición. Lo que hemos mostrado siempre es la solidaridad con nuestros aliados, pero la situación es muy fluida y no puede adoptarse una posición previa.

P. Va a cumplirse el 20º aniversario de la Constitución. Los nacionalistas vascos cuestionan el carácter democrático de su artículo 8, que encomienda al Ejército la defensa de la integridad territorial.

R. La Constitución de 1978 consagra las libertades y el sistema democrático. Lo que dice el artículo 8 es que para garantizar ese orden constitucional en caso de ataque están las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas actúan siempre a las órdenes del Gobierno, que emana del órgano de la soberanía nacional, que es el Parlamento. De modo que esgrimir el artículo 8 como un espantajo no es más que un pretexto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de noviembre de 1998

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