El PP asturiano ataca a la Fiscalía por archivar la investigación a Marqués

El PP arremetió ayer contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Rafael Valero Oltra, quien el pasado viernes anunció el archivo de las diligencias incoadas de oficio tras no hallar indicios de delito en la contratación de obra pública realizada por el Gobierno de Asturias en los proyectos financiados con cargo a los llamados fondos mineros. El PP, que había acusado al Ejecutivo de Sergio Marqués de corrupción y graves delitos, entiende que la actitud de la Fiscalía ha sido "incongruente".

El diputado regional del PP Manuel García Santoveña -afín al secretario general del partido y vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, y uno de los autores de las graves imputaciones vertidas por el PP contra Marqués y su consejero de Fomento, Juan José Tielve- juzgó ayer como "incongruente" la actitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

"Yo denuncié los hechos en el ámbito parlamentario. Considero incongruente que [se abran diligencias] de oficio y al final la investigación no se produzca y no se llame a todas las personas que pueden estar implicadas en este tema". "Dejo patente", agregó el diputado, "lo que me parece una incongruencia: entrar en un asunto de oficio y luego no investigar nada".

Incongruencia

Santoveña replicaba así al fiscal jefe, Rafael Valero, quien el pasado viernes, al dar cuenta del archivo de las diligencias incoadas por propia iniciativa a la vista de las graves imputaciones realizadas por el Partido Popular contra el Ejecutivo del Principado, afirmó que la actitud de los diputados populares había sido "incongruente".Valero explicó que habiendo asegurado públicamente poseer pruebas de la comisión de delitos por el Principado, en el "mayor caso de corrupción habido en España en la contratación de obra pública", y habiendo depositado la documentación de que disponía en una notaría, los legisladores del PP no cursaron la correspondiente denuncia de los hechos ante los tribunales ordinarios de justicia.

Según recuerda la Fiscalía, Santoveña imputó o sugirió la comisión por el Gobierno del Principado de delitos de "prevaricación, fraude funcionarial, cohecho, tráfico de influencias o uso de información privilegiada". A esas acusaciones se adhirió días después, en un artículo de prensa, la diputada nacional del PP Alicia Castro Masaveu. El presidente del Principado ha anunciado que emprenderá acciones judiciales por difamación contra ambos parlamentarios.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Asturias abrió diligencias de oficio para aclarar tales supuestos, y tras tomar declaración a Santoveña y a varios empresarios aludidos por éste, se decidió, sólo 20 días después y por decisión unánime de la junta de fiscales, el archivo de las diligencias por la inexistencia de "indicios racionales de delito alguno". No obstante, una comisión parlamentaria investigará ahora si, pese a no haber concurrido delito penal, ha podido haber irregularidades administrativas en la adjudicación de obra pública del Principado.