Bonn insiste en la retirada del Fondo de Cohesión a los países del euro

El dictamen de los juristas del Consejo de Ministros de la Unión Europea no ha cambiado, de momento, la posición de Alemania sobre el Fondo de Cohesión. Su ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, afirmó ayer en Bruselas que sigue pensando que el Fondo de Cohesión se creó para ayudar a ciertos países a llegar a la moneda única y sigue defendiendo su retirada a los que la han alcanzado.

Pero aunque los socialdemócratas se alinean en esta cuestión con el Gobierno democristiano de Helmut Kohl, tanto ayer como la semana anterior el nuevo jefe de la diplomacia alemana se mostró más flexible y se refirió a los principios generales, sin opinar sobre el detalle del conflicto.Españoles y alemanes parecen decididos a no enzarzarse ahora en una discusión en torno al Fondo de Cohesión. Ni unos ni otros aprovecharon ayer el púlpito del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para azuzar el fuego después del dictamen de los juristas del Consejo.

Un dictamen que favorece plenamente las tesis españolas al afirmar que "los Estados miembros que han adoptado la moneda única pueden acogerse al Fondo de Cohesión" y que el ingreso en el euro "no es, en sí mismo, un indicador de prosperidad relativa de un Estado miembro" (ver EL PAÍS de ayer).

El número dos del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Ramón de Miguel, no citó este asunto durante las discusiones sobre la reforma financiera mantenidas ayer en el Consejo de Ministros europeos, alegando que no estaba entre los puntos de debate concreto planteados por la presidencia austriaca.

De Miguel defendió ante la prensa este silencio argumentando que "no se trata de pasarle un papel a nadie por la cara", en referencia al dictamen emitido por los juristas. E insistió en que las posiciones españolas son tan conocidas que no es necesario reiterarlas.

Tampoco el ministro alemán, Joschka Fischer, quiso ahondar en el asunto. Se limitó a reiterar la postura genérica de que Bonn entiende que el Fondo de Cohesión se creó para ayudar a algunos países a alcanzar el euro.

Y, al igual que durante la semana pasada, durante su primera visita a Bruselas, pareció más flexible que su antecesor, al menos en las formas, al no querer pronunciarse sobre si le parece necesario privar del Fondo de Cohesión a los países que acceden al euro.

Tercera vía

Se limitó a decir que el euro y el Fondo de Cohesión están directamente relacionados. Detrás de su prudencia parece esconderse una tercera vía: la de reducir la cuantía del fondo de forma progresiva para los países del euro.La falta de hostilidades hispano-germanas en un tema tan delicado puede explicarse por el interés mutuo en no empañar el encuentro que celebrarán hoy en Bonn el nuevo canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente del Gobierno español, José María Aznar.

Fuentes españolas habían ironizado con la posibilidad de que Aznar hiciera llegar a Schröder una versión en lengua alemana del dictamen jurídico. Pero Ramón de Miguel desmintió ayer ese extremo: "Estoy seguro de que el canciller no necesita que le hagamos llegar una copia del dictamen en alemán porque ya dispone del texto".

Alemania defiende que los países que han accedido al euro ya no necesitan las ayudas contempladas en el Fondo de Cohesión, que para España han supuesto en torno a 175.000 millones de pesetas anuales en los últimos ejercicios. Y propone, en consecuencia, suprimir las ayudas a los tres países que disfrutan de ellas pero han accedido al euro: Irlanda, España y Portugal.

El caso irlandés es distinto, porque su renta por habitante ha crecido mucho en los últimos años y en el próximo septenio presupuestario de la Unión Europea (el periodo entre los años 2000 y 2006) ya no cumplirá una de las condiciones que se exigen para disfrutar del Fondo de Cohesión, tener una renta inferior al 90% de la media comunitaria.

España y Portugal sí seguirán estando por debajo de esa tasa y, además, sometidos a la disciplina presupuestaria derivada del Pacto de Estabilidad, por lo que los gobiernos de Madrid y Lisboa defienden su derecho a continuar disfrutando de esas ayudas, de acuerdo con lo que consideran que es no solamente la letra jurídica, sino también el espíritu político del Tratado de la Unión Europea.